Mientras se aguarda con expectativa por el juicio que enfrentarán en septiembre de 2024 Carl Ludwig y Aston Schonfeld y Juan Manuel y Pablo Lotero, los abogados que intervienen en el síndico que hoy mantiene en pie a la Boston impulsan una demanda en el fuero civil para que los exdueños de la confitería salden una suma que supera los 375 millones de pesos, equivalente al pasivo que pesa sobre la empresa.
La acción de responsabilidad se tramita en el Juzgado Civil y Comercial N°9 de Mar del Plata y la novedad es que, a diferencia de la investigación penal que llevó adelante la fiscalía de Delitos Económicos, no sólo alcanza a los últimos accionistas sino que también apunta contra los primeros dueños que tuvo la empresa: Manuel Osvaldo Amado, Clemente Fermin Herrera, Teresa Haydee Castro y Marta Delia Castro.
La «indiscutible connivencia»
Según los abogados Juan Pablo Merli, Maria del Mar Merli, Brenda Cuixart y Daniel Di Naccio, ambos grupos empresarios «provocaron directa y deliberadamente» el vaciamiento que finalizó el 18 de mayo de 2020 con el quiebre de la Boston, la confitería que por mucho tiempo supo ser reconocida por ostentar una de las «mejores medialunas del país». «Evidentemente los demandados pergeñaron el vaciamiento de Pastelera Tecomar S.A, obteniendo cada uno de ellos suculentas sumas dinerarias en detrimento de la empresa y de los acreedores, y particularmente en perjuicio a los mas de cien trabajadores que tenía la empresa», señalaron.
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El proyecto para declarar esenciales a los municipales comienza a tratarse este jueves - La Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante comienza este jueves a tratar el proyecto que… Ver nota >«Tan increíble e inexplicable situación ha padecido la empresa que de ser un exitoso emprendimiento fabril y comercial pretendido por varios compradores nacionales e internacionales, en menos de cuatro años pasó a detentar un pasivo cercano a los 200 millones de pesos. Este reprochable ‘record’ ha sido obra exclusiva del negligente, incluso doloso y cuasi delictual obrar de varios personajes por haber producido, facilitado, permitido y agravado la situación patrimonial de Pastelera Tecomar S.A y su insolvencia», se apuntó en el expediente al que accedió Mi8.
En su reconstrucción de los hechos, el síndico sostiene que los primeros dueños decidieron vender la confitería en 2016, al advertir que «la empresa ya estaba tocando fondo». «Hay una indiscutible connivencia entre ambos grupos para el vaciamiento, en el hecho que se hace todo (venta de acciones y marcas, venta del local de la costa y su locación) el mismo dia (09/11/2016), sabiendo que los dueños originales que entregaban las marcas registradas a la sociedad pantalla de los hermanos Lotero – Compañía Latinoamericana de Pastas S.A – y no a Pastelera Tecomar S.A, con el oscuro interés de vaciarla», se denuncia.
Un pasivo impagable
En el escrito, los letrados piden imputar la responsabilidad «directamente a los administradores, directivos, socios y/o controlantes que hicieron posible la maniobra» para que respondan de forma «solidaria e ilimitada por los perjuicios causados». Para la sindicatura, «el daño a reparar, dada la insuficiencia patrimonial, equivale al pasivo insoluto». Según los cálculos más actualizados a septiembre de este año, esta suma ascendería a $375.316.879,62.
El mayor porcentaje de ese pasivo surge por la «enorme cantidad de deudas laborales» que se generaron en julio de 2018, cuando a escasos días de la presentación del concurso preventivo se produjo el despido de casi la totalidad de los empleados que tenía la Bostón. A la fecha, las deudas laborales representan un monto de $172.063.351,38.
Y en caso que el Juzgado N°9 descarte que cada uno de los empresarios involucrados haya provocado «deliberadamente la insolvencia» de la confitería, el síndico exigió subsidiariamente que los exdueños respondan por una indemnización equivalente «al valor real de las cosas sustraídas del activo», en referencia a los bienes inmuebles vendidos.
En última instancia, también plantearon la posibilidad de que los actores responsables afronten una eventual indemnización que «equivaldrá al pasivo contraído dolosamente con posterioridad a la detección de la insolvencia, y en ambos casos incluidos los honorarios y demás gastos de la quiebra por ser consecuencias inmediatas o mediatas previsibles del obrar antijurídico y doloso».
Ganancias millonarias «en negro»
Después de analizar documentación de la empresa, el síndico aseguró en la demanda que los dueños originales realizaron un «ilegítimo uso de fondos para afrontar gastos personales, produciendo y agravando la insolvencia de la empresa, en una clara maniobra defraudatoria para los actuales acreedores».
«Los accionistas del ‘grupo Amado’ fueron sacando millones de pesos de ganancias ‘en negro’ durante su gestión con la actividad normal de la explotación, y luego cuando se quisieron sacar la empresa de encima, sacaron U$S 453.673 (si es que no hubieron mayores sumas no declaradas) correspondientes U$S 264.933 a la venta del paquete accionario y las marcas y U$S 188.740 a la venta del inmueble de Boulevard Marítimo», se denunció.
Del mismo modo, los abogados demandantes señalaron que Juan Manuel Lotero y Pablo César Lotero desviaron fondos de la confitería a su favor. Uno de los casos que se citan como ejemplo es que los hermanos se habían adjudicado un «puesto de gerente de empresa» y de “director de departamentos de producción y operaciones, comercio mayorista y minoristas» para cobrar un sueldo cuando no tenían ninguna relación laboral, más allá de su rol como presidente y vicepresidente del directorio de la firma.
«Si bien los directores pueden tener sueldo, siempre y cuando desempeñan tareas bajo las condiciones que determina la Ley de Contrato de Trabajo para considerar la existencia una verdadera relación de empleo con el ente societario, en el caso de la fallida fue una mera fantasía«, reprocharon los letrados.
En la misma línea, se expuso que los Lotero «sacaron millones de pesos de ganancias ‘en negro’ durante su gestión con la actividad normal de la explotación, y antes de presentar el concurso preventivo, se quedaron los U$S 500.000 de la venta de los inmuebles de avenida Constitución (si es que no se abonaron sumas mayores no declaradas), más lo obtenido por la venta de las marcas (se desconoce), y sin perjuicio de todos los retiros que fueron haciendo desde su llegada a la fallida en haberes, mercaderías, bienes y otros muchos pagos sin justificar».
El sorpresivo vaciamiento
En el expediente, los abogados de la sindicatura revelaron que cuando ingresaron por primera vez en mayo de 2019 al local que tenía la Boston en avenida Constitución, se advirtió con sorpresa «el faltante de bienes que, si bien quizá no sean de gran valor a efectos de su liquidación, resultaban esenciales a los fines de la continuidad de la empresa». A una de las cortinas metálicas de la sucursal le faltaba el motor, que, según los trabajadores, había sido quitado por Juan Manuel Lotero unos días antes de quedar totalmente desvinculado a la confitería.
Por otra parte, se mencionó que Lotero se había llevado las baterías de las tres camionetas Mercedes Benz que tenía la empresa «para colocarlas en distintos vehículos de su propiedad». Además, se señaló que el empresario retiró «el extractor de la cocina dejando un hueco en la pared, la máquina cortadora de fiambre que se usaba para la sanguchería, una balanza digital de mostrador y la hidrolavadora que se utilizaba para limpiar las paredes».
«En reiteradas ocasiones se le solicitó al señor Juan Manuel Lotero, a su hermano y sus letrados que restituyera tales bienes o compensara en dinero para la adquisición de similares, dado que resultaban esenciales para la continuidad de la actividad, y que la delicada situación económica con que recibiera esta sindicatura la empresa, impedía la compra de los mismos, pero no se obtuvo respuesta», cuestionaron los abogados.
