El caso del buque Tai An, que pescó 163 toneladas de merluza negra -valuadas en más de U$S 3.500.000- sin autorización ni sanción estatal, mantiene inquieto al mundo de la pesca. No sólo porque condensa todos los elementos de un drama nacional: llamados intimidatorios, funcionarios que renuncian, autoridades que se dejan apretar, pedido de listas de potenciales despedidos y reuniones gentiles con empresarios que al parecer posee cuadros de Rembrandt y piezas de la dinastía Yuan de 700 años atrás.
No.
La preocupación es porque la actividad ilegal del barco de la empresa Prodesur anticipa -de algún modo- la manera en que el Gobierno de la Libertad Avanza abordaría la política pesquera nacional que, por lógica, tendrá uno, dos y mil capítulos en esta Mar del Plata de puerto y pesca.
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La denuncia
Hace diez días, Revista Puerto titulaba “Escándalo por la captura sin autorización de merluza negra en el Mar Argentino”. La bajada no era menos estruendosa: “El protagonista es el buque Tai An de la firma Prodesur. Fue denunciado por las empresas Argenova, Estremar y Pesantar ante las autoridades pesqueras por pescar 163 toneladas de la especie. El hecho ameritaba la vuelta a puerto, pero por presiones de alto nivel se le permitió seguir en altamar. Se prepara denuncia penal”.
En los párrafos que siguen en esa nota del 11 de marzo -que fue la primera de una serie en las que se narró la obscenidad de este caso de pesca ilegal- se explica que los barcos tenedores de cuotas (es decir, los que tienen permiso para hacerse de esa especie en determinados parámetros y condiciones) advirtieron las maniobras del buque Tai An, que ya había sido señalado en dos oportunidades anteriores y que -nobleza obliga- había intentado hacerse de un permiso que no consiguió porque el Consejo Federal Pesquero no se ha reunido desde que asumió Milei.
En lugar de esperar esa autorización (o prohibición), el barco que cuenta con asesoría noruega avanzó de todas formas: lo hizo a la vista de los buques de las empresas Argenova, Empesur y Pesantar, que denunciaron la situación ante las autoridades pesqueras y advirtieron que se estaba violando el Régimen Federal de Pesca y el sistema de cuotificación de merluza negra.
Para sorpresa de ellos y de muchos otros, la reacción del Gobierno fue contraria a toda legalidad y soberanía.
No sólo que permitieron que el barco siguiera pescando, pasaron por alto las advertencias de las empresas -que formalizaron su denuncia ante la Subsecretaría de Pesca y la Dirección-, sino que a partir de ese momento se sucedieron una serie de llamados, advertencias y pedidos de Cancillería que terminaron en la renuncia del Director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez.
A las horas de ese episodio, ante el revuelo del caso, el supuesto autor de los llamados intimidatorios debió presentar su declinación al cargo. Se trata de Pablo Ferra, sobrino político de la canciller Diana Mondino, que era su representante en el Consejo Federal Pesquero.
Mientras eso sucedía, el caso ya estaba en agenda de los medios masivos y al Gobierno no le quedó otra que constatar la ilegalidad, sobre la que en principio intentó hacer la vista gorda: el Tai An amarró en Ushuaia y se procedió a fiscalizar la carga.
Confirmado: el barco de Prodesur SA pescó ilegalmente 163 toneladas de merluza negra; el 55% son juveniles, es decir, ejemplares que no llegaron a reproducirse ni una sola vez.
Las dos reacciones de un mismo Gobierno
Según cuenta Revista Puerto, a Julián Suárez se le pidió explícitamente que se quedara en el cargo, ya que era valorado por su gestión -en años de Alberto Fernández- y desde La Libertad Avanza no tenían, todavía, a otra persona para ese cargo. Las condiciones que puso el funcionario fueron poder trabajar como hasta entonces. Las partes aceptaron.
Sin embargo, con el correr de los días las cosas fueron cambiando, como en casi todas las áreas del Estado nacional. Lo del buque Tai An, de Prodecur SA, fue la gota que rebalsó el vaso.
Hasta donde se sabe, tanto a la Dirección que comandaba Suárez como a la Subsecretaría de Pesca, que dirige Juan Antonio López Cazorla, llegó la denuncia de los barcos tenedores de cuota de merluza negra, que advirtieron en ese documento que tenían conocimiento que la empresa Prodecur SA ya estaba ofreciendo la materia prima en mercados del exterior.
Las reacciones de cada una de las autoridades, cuando el hecho estuvo confirmado y se tuvieron que dar los primeros pasos, fueron bien distintas: Suárez terminó presentando su renuncia y López Cazorla habría recibido algunos llamados y se habría reunido con el empresario Lui Zhijiang, presidente de Prodesur, que parece haber salido ileso del despacho oficial.
Desde la Dirección de Pesca, que comandaba el joven que renunció, corroboraron la excesiva captura de merluza a través del parte de pesca electrónico: para ese entonces, la embarcación llevaba pescados 140 toneladas, no 163 como se les terminó permitiendo.
Lo mismo chequeó la Subsecretaría de Pesca, que se lo reportó a la Prefectura Naval Argentina en una nota en la que indicó que “en función del análisis de la información que surge de los sistemas de administración, control y fiscalización con los que cuenta mencionada Subsecretaría, se ha determinado la orden de instruir inmediatamente al Buque Pesquero «Tai An» a abandonar las zonas de distribución de Merluza Negra”.
Sin embargo, a raíz de esa decisión, algunos teléfonos cercanos a la Cancillería de Diana Mondino se habrían reportado con llamadas intimidatorias y habrían logrado que López Cazorla volviera sobre sus pasos: no se pidió que el barco regrese para contabilizar la ilegalidad, sino que sólo se le pidió al barco que se alejara del área de distribución de merluza negra, “permitiéndole seguir pescando hasta el 18 de marzo, cuando tiene previsto el ingreso a puerto”, se aclara en la nota. Zhijiang habría argumentado que se trató de pesca incidental y el Subsecretario de Pesca, al parecer, estuvo de acuerdo.
Frente a este cuadro, el pasado lunes, el Director de Control y Fiscalización Pesquera, presentó su renuncia ante López Cazorla. Lo empujó el buque y también el pedido de “confeccionar una lista con cincuenta nombres para ser despedidos y una desregulación, eliminando resoluciones y disposiciones establecidas por la Secretaría de AGyP y la Subsecretaría de Pesca desde 2019 a 2023. Se prevé que buscarán borrar la estructura de control y fiscalización”.
