El temor por las inminentes restricciones en el acceso a la práctica del aborto seguro -legal en Argentina desde diciembre del 2020- llegó tras la publicación del DNU de Javier Milei, que dejó sin efecto la Ley 27.113 de promoción de la actividad de los laboratorios de producción pública. Esta modificación preocupa a las organizaciones al impactar indirectamente en la producción y distribución de misoprostol y mifepristona, medicamentos utilizados para realizan interrupciones en embarazos que no requieren intervención quirúrgica.
Estas medicaciones son fabricadas y comercializadas por diversos laboratorios públicos y privados de Argentina, convirtiéndola en el primer país de Latinoamérica en alcanzar este logro.
«No tener la medicación es, de alguna forma, eliminar el acceso a la práctica. Si no existe la medicación en el servicio público, que es quien tiene que asegurar este derecho, no existe el acceso a las interrupciones», explicó a Mi8 Roxana Lefayt, articulante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Mar del Plata.
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En esta línea, la referente consideró que «más allá de si se deroga o no la Ley, ya empezamos el 2024 con el acceso restringido a la práctica«. «La ‘marea verde‘ no surgió de un día para el otro ni en el último año, es una construcción histórica del movimiento feminista que lleva más de 15 años hasta que se logró la legalización del aborto, en la calle conquistamos ese derecho y en la calle lo vamos a defender«, sentenció.
Durante estos tres años con aborto legal, seguro y gratuito, fue la Campaña -que nuclea más de 300 organizaciones feministas de todo el país- quien se encargó de monitorear y controlar la aplicación de la Ley en un trabajo conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y el Ministerio de Salud.
«Siempre tuvimos articulación con el Estado, la Campaña tenía su función, ahora será momento de reinventarnos para seguir defendiendo el acceso a este derecho», dijo Lefayt y agregó que «nosotras creemos en el Ministerio de Salud, que es garante y responsable de que exista la práctica en la salud pública, pero el balance que tenemos hoy es que el acceso ya se encuentra restringido porque la medicación no está disponible, por lo que la práctica es inexistente«.
Desde el 14 de agosto del 2021 -fecha en la que se reglamentó la Ley 27.610- y hasta hoy, la práctica se incorporó en centros de atención primaria de la salud y hospitales en todas las provincias, alcanzando las 1.982 instituciones donde se puede acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. En estos casi tres años, se duplicó la cantidad de servicios públicos que realizan la práctica de forma segura, según indicó el reciente informe «Es mucho más que un aborto» del Proyecto Mirar.
Además, entre el 2021 y el primer semestre de 2023 se distribuyeron 240.540 insumos para la interrupción del embarazo y las muertes maternas se redujeron de 23 a 13 entre 2020 y 2021, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud.
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