Mientras el oficialismo lleva el debate por la esencialidad de los trabajadores municipales en el Concejo Deliberante con el freno de mano puesto, el intendente Guillermo Montenegro encontró otro argumento para mantener en el ring al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM): el «nuevo» convenio colectivo de trabajo.
En rigor, no es nuevo. El STM tuvo una relación compleja con al ex intendente Carlos Arroyo, con la eliminación de la bonificación docente, pagos de sueldos desdoblados, peleas por las licencias gremiales, entre muchas otras cuestiones. Sin embargo, fue con esa gestión comunal que las autoridades del STM negociaron el convenio colectivo que hoy denuncia Montenegro.
Tras el acuerdo y la firma, en 2017 el convenio fue elevado al Ministerio de Trabajo. Y allí quedó, sin movimiento.
En 2021, el entonces secretario de Gobierno Santiago Bonifatti acordó con el STM la conformación de una mesa de trabajo para discutir un nuevo convenio colectivo para los trabajadores municipales. Pero el plan no avanzó.
Con la pelea a cielo abierto entre el Ejecutivo y el STM, llegó un pedido al Ministerio de Trabajo provincial para que registre el convenio firmado en 2017. Y así fue que la cartera bonaerense aceptó registrarlo.
La breve cronología sirve para entender los avatares de una relación sinuosa entre el Ejecutivo y el STM. Durante los primeros cuatro años de gestión, Montenegro prácticamente no tuvo conflictos. Y hoy, a cinco meses de comenzar su segundo mandato, hizo escalar su pelea con el sindicato. La última semana, por caso, recorrió varios medios nacionales con los detalles «disparatados» del convenio.
La era Milei le juega a favor al intendente. El presidente puso en la mira al Estado y los trabajadores estatales y Montenegro, en perfecta sintonía con la línea libertaria, aprovechó para exponer a los trabajadores municipales. Y, al mismo tiempo, logró conectar al conflicto con el STM con el gobierno de Axel Kicillof. «La política metió la cola«, disparó.
Entre sus críticas al convenio, el intendente hizo especial hincapié en la «herencia» de los cargos. El convenio establece que si un municipal fallece, su hijo mayor o su pareja tendrán derecho a ingresar al municipio. También le apuntó a la obligatoriedad de ascender a trabajadores que estén a tres meses de jubilarse. Y el último punto fue el aporte que el municipio debe hacer al STM equivalente al 1% de la masa salarial.
A simple vista, el convenio tiene varios puntos polémicos. De todos modos, el intendente eligió contarlo para que cause la mayor indignación posible. Fue, en términos mileistas, el ejemplo claro de lo que el mundo libertario define como «casta«. Además de los calificativos grandilocuentes para criticar el convenio repitió que jamás había visto algo así.
No tenía que ir muy lejos para encontrar alguna semejanza. El convenio colectivo de los trabajadores de Obras Sanitarias, firmado por la actual gestión y que entró en vigencia en 2023, también establece que la empresa estatal debe transferir el 1% de la masa salarial al Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias.
Más allá de la intervención del Ministerio de Trabajo provincial, el convenio debe ser tratado en el Concejo Deliberante. Con los números actuales, no hay ninguna chance de que prospere. Y el propio intendente ya anticipó que lo vetaría en caso de que se apruebe.
El convenio es un capítulo más dentro de la historia. La declaración de esencialidad ya está en el Concejo Deliberante. En la primera reunión de comisión se elevaron los pedidos de informes. Todavía no llegó ninguno, pero en el oficialismo no parece haber prisa: anticipan que será un debate extenso y saben que al final del camino, incluso si se aprueba, terminará en la justicia.
El otro punto es la negociación salarial que, por el momento, sigue estancada. Montenegro se reunió el martes cara a cara con Antonio Gilardi y Daniel Zacarías, los referentes del STM. Los gremialistas volvieron a pedirle una oferta salarial superadora al 10%. El intendente volvió a decirles que no puede pagar más de ese porcentaje. Ellos confirmaron que marcharían a las puertas del palacio comunal. Y Montenegro les anticipó que haría una conferencia para «salir con algo fuerte».
«La relación es cordial. Pero las posiciones están firmes», resumen en el Ejecutivo. De hecho, el intendente había analizado firmar el aumento del 10% por decreto, mientras continuaba la negociación. Pero con la escalada del conflicto cambió de parecer. «Esto se tiene que resolver con la firma de ellos. Si no, nosotros pagamos el aumento y ellos siguen con el conflicto. No tiene sentido», explica un alto funcionario.
En el entorno de Montenegro creen que al final habrá acuerdo. Pero apuestan que el STM cederá. «Nosotros somos razonables, siempre lo fuimos. Ellos conocen la situación económico financiera del municipio», dicen. No obstante, mientras eso no ocurra el intendente seguirá buscando la forma de exponerlos públicamente.
