La justicia de Garantías revocó la eximición de prisión que le había otorgado al abogado Lautaro Resúa, acusado de integrar la asociación ilícita encabezada por el comisario mayor José Luis Segovia que brindaba protección a delincuentes; pedía coimas a los arbolitos de avenida Luro; vendía dólares falsos, promovía el juego clandestino y desviaba investigaciones plantando pistas falsas y ocultando información a fiscales. El reconocido penalista se entregaría en las próximas horas.
El titular del Juzgado de garantías Nº1, Daniel De Marco, decidió revocar la eximición de prisión que él mismo le había otorgado al reconocido abogado penalista. La medida había sido apelada por el fiscal Marcos Pagella, el viernes pasado.
Fuentes judiciales informaron que personal de la Prefectura Naval fue a buscar al abogado a su domicilio particular y a su estudio jurídico, pero no lo pudo hallar. En este contexto, Resúa fue declarado prófugo de la justicia. No obstante, por consejo de su defensor se entregará en las próximas horas.
La justicia lo acusa de prevaricato, encubrimiento agravado, expendio y puesta en circulación de dólares falsos, juego clandestino y de hacerse pasar por un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Resúa fue uno de los imputados que la justicia no pudo detener el miércoles pasado durante los allanamientos ordenados por la Fiscalía General Departamental. Se mantuvo oculto por 48 horas hasta que la justicia le otorgó la eximición de prisión. El viernes se presentó en Tribunales con su abogado César Sivo y tras cubrir una caución de 30 millones de pesos se se fue en libertad.
Para la investigadores, Resúa era un eslabón fundamental en el engranaje delictivo que durante cuatro años obtuvo ganancias millonarias.
El abogado representó a personas que estaban imputadas en distintas causas judiciales y que a su vez tenían intereses contrapuestos entre sí. Para la justicia, ejerció esas representaciones en el marco de la asociación ilícita y para tener control directo sobre las medidas de prueba para luego poder garantizar la impunidad de algunos de sus clientes a cambio de una fuerte suma de dinero.
En ese sentido, Resúa asumió al defensa de Di Norcia, un delincuente que -según la investigación- Segovia y sus secuaces habían señalado con pruebas falsas como el autor del robo millonario a una pareja de jubilados ocurrido en diciembre de 2020. El objetivo de crear un chivo expiatorio era poder desviar la investigación para proteger al verdadero ladrón, al cual le habían pedido 50 mil dólares para garantizarle la impunidad.
Resúa asumió la defensa de Di Norcia en diciembre del 2020. Pero tiempo después fue el abogado del ex integrante de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Christian Holtkamp, quien había sido acusado de secuestrar y extorsionar a Carlos Juárez el verdadero autor del robo a la pareja de jubilados en el edificio de Cabo Corrientes.
Para la justicia, el penalista defendió en dos causa distintas al ladrón acusado falsamente de robo y al policía que sembró las pistas falsas para lograr la imputación.
Según surge del expediente, Resúa tuvo una activa participación en otro de los negociados de la banda del comisario. Habría ocupado un rol fundamental en la venta ilegal de moneda extranjera que se realizaba en la avenida Luro e incluso habría incurrido en la comercialización de dólares falsos.
Resúa habría sido el encargado de vincular a Holtkamp con Jorge Toletti. Ambos montaron en el bar El 10-Jutton, el epicentro de los negociados de la asociación ilícita. Allí deberían concurrir los «arbolitos» a pagar el canon ilegal para garantizarse protección.
Holtkamp, Jorge Toletti y tres policías más se encargaban de recaudar las coimas por la compraventa irregular de dólares y del juego clandestino.
En una de las reuniones que los cambistas de la avenida Luro mantuvieron con los policías recaudadores, Resúa fue presentado como un integrante de la Agencia Federal de Inteligencia que estaba allí para garantizarles total impunidad si cumplían con el pago del canon que supuestamente imponía Segovia, primero desde la jefatura de la DDI y luego, desde el máximo cargo como jefe policial de la ciudad.
Resúa está imputado en tres de los siete hechos que investiga el fiscal Marcos Pagella. Debe responder por los delitos de prevaricato, encubrimiento agravado, intermediación financiera no autorizada; expendio y puesta en circulación de moneda extranjera apócrifa; compra venta de divisas de origen ilícito; explotación, administración u operación de juegos de azar sin autorización de la autoridad competente.
