La Suprema Corte de Justicia bonaerense aceptó tratar la queja presentada por la defensa de Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba -los jóvenes que deberán enfrentar un segundo juicio por el presunto abuso sexual de una menor en el camping El Durazno de Miramar- contra el fallo del Tribunal de Casación que rechazó el recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de la ley.
El máximo tribunal provincial resolivió «admitir la queja interpuesta por la defensa a favor de Jaime y Villalba», según indica la resolución.
«La Suprema Corte aceptó la queja y va a tratar los recursos que nosotros presentamos por la nulidad que decreta Casación», explicó Martín Bernat, abogado de dos de los imputados.
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El Tribunal de Casación Penal anuló el veredicto y el juicio por jurados en el que habían sido declarados «no culpables» y ordenó la realización de un nuevo proceso.
Pitman, Jaime y Villalba fueron juzgados por un jurado popular que los declaró «no culpables» del delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas» por el que estaban imputados.
Casación consideró que en el proceso llevado a cabo hubo «un claro avasallamiento a los derechos» de la víctima, que tenía 14 años al momento del hecho.
Los magistrados dispusieron así la nulidad del juicio por jurados conducido por el TOC 3, y realizado en el teatro Auditorium y ordenaron que se lleve adelante un nuevo proceso bajo el mismo formato, pero a partir de la conformación de un jurado con nuevos integrantes.
Los defensores de los tres acusados acudieron a la Suprema Corte para intentar revertir el fallo de Casación y evitar un nuevo juicio.
Según la instrucción del caso, que estuvo a cargo de la fiscal Florencia Salas, Pitman, Jaime y Villalba fueron acusados de haber abusado sexualmente de la adolescente en la madrugada del 1° de enero de 2019 en el Camping «El Durazno», ubicado sobre la ruta 11 en el ingreso a Miramar, «aprovechándose de la edad» de ella y de que «no podía consentir libremente el accionar».
Los imputados fueron detenidos tras una denuncia radicada por la menor, junto a su madre, en la Comisaría de la Mujer de Miramar, y estuvieron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán hasta el 3 de mayo de 2019, cuando se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
Esa morigeración quedó sin efecto días antes del juicio, a partir de un pedido de la familia de la adolescente, que solicitó que fueran excarcelados para evitar que siguieran computando tiempo como parte de una eventual sentencia.
