Continúa el debate por la ley ómnibus y el sector pesquero continúa con su pronunciación en contra del proyecto presentado por el presidente de la Nación, Javier Milei, en donde se busca realizar cambios profundos a la Ley de Pesca. El presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), Fernando Rivera, dialogó con Canal 8 y dio su parecer acerca de las consecuencias que podrían recaer en el sector en el caso de que se apruebe la ley.
Rivera expresó que una de los principales problemas que contiene el proyecto es la asignación de las cuotas de pesca, es decir, el derecho que tienen los barcos para pescar una determinada cantidad de peces.
«Ese derecho se quiere cambiar. Antes se otorgaba por la historia que tenían las empresas, por la cantidad de personal ocupado que tenían, por la mano de obra que empleaban, por las exportaciones que realizaban y por las inversiones que habían hecho. Ahora todo eso se modifica por un sistema de licitación en el cual puede venir cualquiera, licitar y el que ofrece el mayor importe se lleva la cuota de captura«, explicó.
Balance del fin de semana: el municipio atendió complicaciones por el temporal y diversas infracciones - Entre el jueves y el lunes inclusive, el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), Tránsito, Prefectura,… Ver nota >
Se quiso armar el cumpleaños: robó más de $84 mil en golosinas y alimentos y la escondió entre su ropa - Durante el mediodía de este miércoles, una mujer de 31 años ingresó a un Supermercado… Ver nota >
Por lo tanto, Rivera sostuvo que todas esas inversiones realizadas pueden quedar «sin valor alguno». En consiguiente, pidió que se trabaje sobre las herramientas que «no están cuestionadas», como la Ley de Pesca y el sistema de cuotas de captura asignadas por 15 años, y «no cambiar de forma abrupta».
Por otra parte, el presidente de la Caipa expuso que la justificación que da el gobierno de Milei acerca de que «no recauda lo suficiente en relación al recurso» no es válida como para abrir las licitaciones a todo el mundo. «Se olvidan que el que establece los derechos de adjudicación y los derechos de extracción es el Consejo Federal Pesquero, que está integrado por cinco integrantes del Poder Ejecutivo y por un representante de cada una de las provincias patagónicas. El Ejecutivo, en caso de empate, tiene voto doble. Si el Estado no recauda lo que considera que es conveniente, que lo plantee y lo discuta en el Consejo, donde tiene todos los mecanismos y todas las alternativas para poder hacerlo», reclamó.
«Si se aprueba la ley, Mar del Plata va a tener un problema social de una magnitud inconmensurable»
Rivera advirtió que, de no modificarse los puntos que incumben al sector pesquero en la ley ómnibus, «se puede poner en peligro a una que en Mar del Plata mueve a más de 40.000 personas y que exporta 900 millones de dólares«. Esgrimió que, en el caso de que la ley se apruebe y los buques pierdan la cuota, no van a poder operar.
«Las embarcaciones no van a poder seguir dando trabajo en tierra y Mar del Plata va a tener un problema social de una magnitud inconmensurable. Por eso lo que decimos es hay que retirar todo lo relacionado con la pesca del proyecto de ley y analizar todas las cuestiones que haya que mejorar en el marco del Consejo Federal Pesquero, donde el Poder Ejecutivo tiene todas las atribuciones», manifestó.
Además, advirtió que en una hipotética licitación de cuotas de captura, el que la gane puede salir a pescar con un barco congleador y descargar en cualquier puerto del país, y no en Mar del Plata, con la añadidura de que «no dará trabajo en tierra».
«Una de las cosas que se había logrado con la Ley de Pesca era que hubiera un acuerdo entre fresqueros y congeladores donde se repartía armoniosamente la cuota de captura. Con el porcentaje de los fresqueros acá se da trabajo a 20.000 o 25.000 personas que están directa o indirectamente en la industria. Si Mar del Plata pierde eso, directamente esas personas se van a quedar sin trabajo. Se va a convertir en una ciudad inviable«, ratificó.
De hecho, Rivera mencionó la paralización de la construcción de buques en los diversos astilleros, como así también el cese de las inversiones y de las contrataciones. «No se tiene certeza de lo que va a pasar el 31 de diciembre, porque ese día terminan las cuotas. Con ese margen de incertidumbre nadie tiene capacidad alguna para poder invertir», declaró.
¿Es posible que los empresas pesqueros tengan «costo cero»?
Consultado acerca del «costo cero» para empresarios pesqueros que operan desde hace muchos años, Rivera dijo que se trata de una «falacia». «El año pasado, la pesca exportó 1.700 millones de dólares. Mar del Plata exporta 900 millones de dólares. Todo eso se hizo sin intervención alguna del Estado. Con eso se pagan sueldos, cargas sociales, impuestos, derechos de extracción y derechos de adjudicación», explicó Rivera.
«Sobre todo eso se pagan las retenciones, que están en un promedio de un 5%, lo que significa que la pesca está pagando 150 millones de dólares por año, nada más que por el impuesto de exportar. Si el Estado considera que con todo eso no tiene una recaudación suficiente, yo le puedo asegurar que licitando las cuotas de captura no lo va a conseguir«, aseguró.
