Alarma en la obra pública: ya hubo 100 despidos en Mar del Plata y crece la incertidumbre

A la incertidumbre general por la decisión de bajar a cero la inversión en obra pública anunciada por el presidente Javier Milei, se le sumó en las últimas horas que el ministro elegido para comandar el área de Infraestructura, Guillermo Ferraro, fue echado de manera intempestiva. En ese marco, la crisis que atraviesa el sector ya tuvo consecuencias en Mar del Plata: hubo alrededor de 100 despidos y hay obras paralizadas. «La situación está muy complicada«, precisaron y remarcaron que hay alarma en la obra pública.

La crítica situación se extiende a lo largo y ancho del país por lo que la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) realizó de manera anticipada su reunión de Consejo Federal para advertir lo que están viviendo.

«El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción declara el Estado de Emergencia del sector e instruye a las autoridades de la Institución a nivel nacional y de cada delegación a adoptar las medidas que estime necesario, para obtener, en brevísimo plazo, solución a problemas concretos, impidiendo de ese modo la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos«, señala el comunicado.

Juan Carlos Zamora, presidente de la Delegación Mar del Plata de la CAC señaló que el panorama en la ciudad es preocupante. La principales empresas que trabajan con obra pública ya dieron de baja cerca de 100 obreros y advirtió que con el correr de las semanas el número se incrementará si no hay respuestas de las autoridades.

«Hay obras que están en marcha y que no se pueden interrumpir. Pero cuando se terminen no habrá más obras», sostuvo el dirigente en diálogo con Mi8, quien puntualizó, por ejemplo, que la situación afecta a obras de envergadura como el acueducto Oeste o la obra hidráulica en Colina Alegre.

En Mar del Plata unos 1.500 obreros trabajan en la obra pública, pero el panorama para el sector es poco alentador.

Según detalló Zamora, hay una profunda «preocupación» en la industria porque ya pasaron dos meses desde la asunción de las nuevas autoridades nacionales y no sólo el área de Infraestructura se quedó sin ministro, sino que tampoco están designadas las autoridades de áreas clave como Vialidad.

Sin puentes de diálogo con las autoridades nacionales y con una inflación en ascenso el panorama es cada vez más complicado. «Algunos dicen que esperemos, que en un par de meses la situación se ordena, pero no hay manera de resistir», planteó.

Compensaciones urbanísticas, la herramienta del municipio ante la advertencia de Milei por la obra pública

Con el gobierno de Axel Kicillof el diálogo es mejor, pero las respuestas tampoco llevan calma al sector. «Tenemos recepción, pero hay incertidumbre por los fondos», resumió el presidente de la CAC en la ciudad.

El circuito de la obra pública, con pagos a 90 días y redeterminaciones de precios que no llegan a equiparar la inflación, hacen que para el sector la actividad sea insostenible.

Medidas para paliar la crisis del sector

En medio de la descripción de este panorama crítico, desde la Cámara Argentina de la Construcción plantearon una serie de medidas para paliar la situación.

• En las Jurisdicciones en las que aún no se haya completado el proceso, deben cubrirse los cuadros medios a nivel Sub-Secretarios, Directores y Gerentes técnicos y administrativos que sean necesarios para salir de la parálisis en que se encuentran administrativamente los distintos Organismos ejecutores de la obra pública. (Los trámites se encuentran paralizados por falta de funcionarios con autoridad para la toma de decisiones).
• Debe definirse la partida presupuestaria de cada jurisdicción que se asignará durante 2024 a la ejecución de los contratos de obra pública vigentes, los que serán respetados.
• Debe considerarse para ello que los recursos tributarios no han quedado congelados a setiembre de 2022, como es el caso de las partidas nacionales autorizadas de gastos, al prorrogarse en forma nominal el presupuesto de 2023, calculado en setiembre de 2022.
• Seguramente esos ingresos se triplicarán, en valor nominal, a pesar de la segura recesión.
• Una parte de ese excedente de ingresos debe ser asignado desde ya a cumplir los contratos directos o por convenio vigentes, los que se estiman en 3.000 contratos de obras en general más otros que tienen por objeto la construcción de más de 74.000 viviendas
• Cada Administración debe definir, en plazo perentorio, los contratos que continuará, garantizando su asignación presupuestaria y su pago oportuno durante todo el año 2024
• Deben readecuarse los precios de los contratos que cada Administración proponga continuar, mediante un factor de corrección de los precios contractuales vigentes, que considere la distorsión entre los precios vigentes y sus costos, costos financieros y formas de comercialización, distorsión motivada por la inflación galopante, restricciones a la importación y por las devaluaciones abruptas de los últimos meses.
• Esa readecuación debería ser propuesta por la Administración, en brevísimo plazo, con un factor que multiplique los precios vigentes, definido para cada tipo de obra, ofreciendo la inmediata continuidad de los contratos en los que el Contratista adhiera a la readecuación ofrecida.
• A partir de la readecuación, dichos contratos deberán regirse con una fórmula de redeterminación de precios, provisoria, mensual, a abonar junto con el nuevo precio básico readecuado
• Los plazos de pago deberán reducirse a 15 días.
• Deberá preverse un anticipo financiero para la reanudación de los trabajos
• Se partirá de un nuevo plan de trabajo sin multas, sanciones o congelamientos por eventuales atrasos previos.
• La deuda devengada por los mismos contratos hasta la fecha de readecuación debe ser consolidada, añadiendo los intereses por mora devengados según Ley 13.064 , documentada dentro de los 30 días de la adhesión y pagada a la brevedad con los intereses de la ley.

• La Administración deberá resarcir los gastos de conservación de la obra devengados en los periodos de semiparalización de los trabajos.
• Los contratos que cada Administración decida no continuar por restricción presupuestaria deberán ser rescindidos sin culpa del Contratista y éste deberá ser resarcido de los daños sufridos, de acuerdo con la Ley 13.064, o normativa provincial equivalente, dentro de un plazo perentorio.
• En los Contratos en que el contratista no acepte la readecuación propuesta por la Administración, el Contratista podrá optar por la rescisión sin culpa del caso anterior o por la vía judicial.
• Serán continuadas todas las obras con financiamiento externo, pero sus contratos deben ser readecuados con un esquema similar al de los contratos a continuar.
• La Administración Nacional debe lograr que similares medidas sean adoptadas por las jurisdicciones provinciales y municipales, en especial en aquellos casos de Obras por Convenio financiadas desde el Tesoro nacional.
• Se deberá dictar una amplia moratoria fiscal y previsional para las obligaciones derivadas de cada contrato de obra pública, estableciendo, entre otros aspectos, el vencimiento del IVA en el mes siguiente al pago de las respectivas obligaciones por el Estado Comitente.
• Se deberá extender a todas las empresas del sector la anunciada medida de suspensión de inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares por deudas con AFIP, como se decidiría para los contribuyentes del sector Salud, dada la situación muy crítica de la actividad constructora