Los cuatro hijos de Leonardo Miguel Save, un represor que integró la «banda de Aníbal Gordón» y que tuvo activa participación en el Plan Cóndor, fueron condenados a pagar una multa de más de 43 millones de pesos por el delito de lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
En el primer juicio que se realiza por lavado de activos obtenidos a través de crímenes de lesa humanidad cometidos por el durante la última dictadura cívico militar, el Tribunal Oral Federal Nº1 decidió condenar a María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save a pagar una multa de 10.823.981,25 pesos por considerarlos responsables de haber realizado diversas maniobras para transferir, adquirir y administrar bienes obtenidos con dinero procedente de crímenes de naturaleza económica cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
El juez Roberto Atilio Falcone, quien llevó el juicio de manera unipersonal, dio por probado que los hermanos Save conocían el origen ilícito de las dos parcelas ubicadas en Parque Girado de la ciudad de Chascomús y a pesar de ello, continuaron con la cadena de delitos para poder hacerse de la escrituración.
Durante el debate, el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi; la titular de la Oficina de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Mar del Plata, Laura Mazzaferri y los fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrial comprobaron que los hermanos Save incurrieron en una serie de irregularidades para transferir, adquirir y administrar dos terrenos de 36 hectáreas linderos a la laguna de Chascomús.
En ese sentido, el dinero para la operación inmobiliaria fue parte del botín que se obtuvo del robo a víctimas de terrorismo de Estado en el marco del Plan Cóndor, un operativo represivo de alcance regional integrado por grupos de tareas de la Argentina, Uruguay, Paraguay, chile y Bolivia.
Los condenados son los hijos de Leonardo Miguel Save, el fallecido represor del centro clandestino Automotores Orletti que funcionó como epicentro del Plan Cóndor en la Argentina.
«Entre las prácticas que vino a estandarizar el Plan Cóndor con el objetivo de facilitar la destrucción o eliminación de quienes se opusieran a las dictaduras cívico militares de la región», se cometieron robos y se realizaron apropiaciones de bienes de detenidos desaparecidos», explicaron desde la Fiscalía al momento de los alegatos.
Save participó del secuestro y la apropiación de los bienes en la vivienda del militante uruguayo Alberto Mechoso Méndez, ocurrida en septiembre de 1976.
El grupo de tareas le robó al militante uruguayo alrededor de 8 millones de dólares, que luego -al menos en una parte- fue utilizada, por quienes conformaban la organización, para efectuar la operación de compra de los lotes ubicados en el barrio Parque Girado de la ciudad de Chascomús con el objeto de desarrollar un proyecto inmobiliario de construir un «Boating Club», que finalmente no se concretó.
Además de la multa que deberá pagar cada uno de los hermanos, el juez Falcone decidió que los terrenos decomisados por la justicia sean entregados a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a través de su Dirección de Sitios y Espacios para la Memoria.
El propósito, es que las parcelas sean destinadas a actividades educativas, turísticas y/o de recreación, con eje en «mantener viva la memoria de los sucesos que tuvieron lugar en ese sitio durante el terrorismo de Estado».
