El conflicto en la Unidad Turística Fiscal Arroyo Lobería de Chapadamalal continúa, si bien los vecinos que se manifestaron esta mañana con un corte parcial de la Ruta 11 y el personal de seguridad que custodiaba la entrada se fueron del lugar alrededor de las 16.
Vecinos auto convocados regresarán a ese lugar este martes a las 8 para continuar con la protesta conta la empresa Rivan, habilitada para explotar el balneario Manantiales Club de Mar a través de la ordenanza 21.524, que busca instalar un alambrado divisorio para utilizar espacios del parque público recuperado Arroyo Lobería.
Kanki Alonso, miembro del Observatorio Ciudadano Paseo Costanera Sur y de la Asamblea Luna Roja, declaró a Mi8 que «el conflicto continúa».
El vecino informó que se presentó un nuevo habeas corpus en el Juzgado Nº 1, recibido por el juez Gastón De Marco. Además, se presentó una ampliación en la investigación por presunto incumplimiento de funcionario público que tramita en la UFIEJ Nº 10 de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Javier Pizzo.
Por otra parte, Alonso comunicó que se amplió otra denuncia por posible comisión de una asociación ilícita que incluye a funcionarios públicos. «Están siendo investigados hace dos años por presunto incumplimiento junto a empresas privadas, con la vulneración de derechos de incidencia colectiva y de garantía constitucional, como es poder atravesar la Unidad Turística Fiscal ‘Arroyo Lobería’ que ocupa siete hectáreas y llegar a la playa a través de ella», expresó.
Mientras tanto, esta tarde un grupo de estudiantes de la Escuela Nº 71 fueron a la plaza ubicada dentro del complejo y jugaron al fútbol, como suelen hacer los jóvenes que viven en Chapadmalal. A metros de ellos, un conjunto de postes se encuentran apilados, con el fin de instalar un alambrado divisorio en el sector de reserva natural, un área que, aseguran los vecinos, se encuentra ocupada y restringida por la administración privada de Manantiales Club de Mar.
«La obra que van a hacer es una vereda que comunica al acceso público del balneario de al lado. Realmente, pretenden negar de ahora y para siempre un camino que atraviese la misma Unidad Turística Fiscal. La vulneración a la ordenanza es clara, ya que dice que mientras se haga una obra se tiene que garantizar que el conjunto de las instalaciones utilizadas para brindar servicios públicos se mantengan en perfecto estado de condiciones y en funcionamiento», explicó Alonso.
Según su punto de vista, «eso no se da». «No solo porque no tienen instalaciones para uso público, sino que ni siquiera permiten acceder. De hecho, yendo a las instalaciones, la bajada a la playa existe, pero la usan de forma arancelada«, expresó.
Ante este panorama, otra herramienta que utilizaron los vecinos fue usar el derecho al acceso a la información pública de esta obra en particular, algo que les fue negado el año pasado. «En diciembre presentamos un amparo de acceso a la información pública ambiental y cayó en el Tribunal de Trabajo Nº 3, pero se declararon incompetentes«, contó Alonso.
«El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 declaró mal declarada la incompetencia y ahora el amparo está en la Secretaría de Demandas Originarias de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires para dirimir competencia, a ver qué jueces se van a hacer cargo de restituir el derecho vulnerado que tenemos de acceder a información pública ambiental y que los funcionarios públicos nos lo han negado», completó.
