La fiscal María Florencia Salas solicitó la prisión preventiva del ex jefe de sanidad del complejo penitenciario de Batán, Juan Carlos Salas, acusado de abusar de dos internos a cambio de darles drogas y medicamentos.
Este viernes, en el día del vencimiento de la prórroga de detención del funcionario penitenciario, la fiscal presentó el pedido de prisión preventiva ante el juzgado de Garantías Nº 2, a cargo de Saúl Errandonea. El hombre de 48 años que se desempeñó hasta hace un mes como jefe del Área de Sanidad del complejo penitenciario de Batán está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual agravado por acceso carnal.
La justicia investiga dos hechos ocurridos en la Unidad Penal 15 desde el año pasado. No obstante, no se descarta que hayan otros casos, teniendo en cuenta que en la causa penal aparecen testimonios que dan cuenta de este tipo de hechos desde 2011.
«Minuto a minuto nos enteramos de nuevos casos, de nuevas situaciones, de distintas conductas que se vienen suscitando en las distintas unidades penales que para los que están adentro eran conocidos, pero para nosotros obviamente no», explicó días atrás fiscal María Florencia Salas en diálogo con Canal 8.
Según se pudo establecer, el funcionario penitenciario le entregaba pastillas y drogas a los internos a cambio de favores sexuales. Los investigadores aseguraron que el imputado se aprovechaba de su lugar de poder y de la dependencia de las víctimas a las drogas para quebrar su voluntad.
La investigación comenzó en abril cuando una de las víctimas denunció los abusos ante el Juzgado de Ejecución Penal Nº1 a cargo del juez Ricardo Perdichizzi. Luego se sumó el otro caso que fue expuesto por la Comisión Provincial por la Memoria.
La justicia pudo comprobar que además de cometer los abusos, Salas ingresó en más de una oportunidad drogas ilegales al penal para entregarle a los internos a cambio de favores sexuales.
«Tenemos declaraciones de uno de los internos que este hombre ingresó en paquetes de yerba Andresito, entre 300 y 400 gramos de cocaína, con marihuana y psicotrópicos y el modus de ingresarlo era que familiares de los detenidos compraban la droga y se le acercaban al jefe de Sanidad que luego lo ingresaba al penal con total impunidad», explicó la fiscal.
El radiólogo Juan Carlos Salas fue detenido el 23 de mayo cuando salía de su casa en la zona de Santiago del Estero y Falucho. El acusado negó todos los hechos que s ele imputan y decidió no contestar las preguntas de la fiscal.
El expediente cuenta con testimonios de trabajadores del área de sanidad que cuentan que desde 2015 se podía ver a Salas ingresar con un interno a su oficina y que acto seguido se escucharan gemidos y ruidos sexuales. Incluso, otro testigo aseguró que desde 2011 esa conducta era constante.
Durante el allanamiento realizado en las diferentes áreas donde trabajaba Salas se hallaron preservativos usados y una gran cantidad de gel intimo.
El acusado fue alojado en la comisaría de Balcarce, pero la justicia debe resolver si accede al pedido de la defensa de Salas, quien solicitó que sea trasladado a la Unidad Penal 44 porque debe tener cuidados médicos a causa de una diabetes avanzada.
Dos jefes penitenciarios imputados
Los abusos que se le imputan a Salas eran un secreto a voces en la unidad penitenciaria. En ese sentido, la fiscal Florencia Salas imputó a dos autoridades de la Unidad Penal XV de Batán luego de comprobar que sabían lo que el radiólogo hacía con los internos y no hicieron nada al respecto.
Según pudo constatar la fiscal a partir de la intensa investigación, se trata de Daniel Eduardo Medina, subdirector de la Unidad Penal XV y del jefe de Asistencia y Tratamiento, José Augusto Pedroche, quienes habrían recibido información acerca de los presuntos abusos dentro del penal.
La información a la que accedió Mi8 señala que una trabajadora de la UP XV había reportado de manera formal las denuncias de dos jóvenes contra Salas por los presuntos abusos que habían sufrido dentro del penal. Sin embargo, el jefe de Asistencia y el subdirector de la UP XV no hicieron nada al respecto.
En ese contexto, la fiscal Florencia Salas los notificó de la formación de una causa contra ambos por el artículo 60 del Código Procesal Penal.
Según la ley, los dos funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) incurrieron en el delito de encubrimiento porque tenían la obligación de denunciar los hechos que les fueron notificados formalmente. Sin embargo, eligieron no prestarle atención a los reportes y permitir que los internos sigan siendo sometidos a abusos.
