lunes 24 de junio de 2024
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Montenegro se salió del libreto y ¿camina para reencontrarse con un viejo amor?

En medio de sus peleas con Kicillof y el STM, Montenegro explora un nuevo-viejo camino: sus vínculos con el Poder Judicial. La pelea por el proyecto para modificar las indemnizaciones ganó la agenda.

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Guillermo Montenegro se salió de un libreto que suele respetar a rajatabla: no dar definiciones electorales, especialmente cuando no hay elecciones en el horizonte. Sin embargo, este viernes, en medio de una nueva conferencia de prensa habló de las elecciones 2027 y pidió que todos aquellos que piensan «más o menos parecido» se unan para derrotar a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

«El objetivo es muy claro: en el 2027 la gente que tiene un proyecto común, tiene que ir junta», afirmó. El pedido de aprobación de la Ley Bases, su apoyo cada vez más explícito a las medidas de Javier Milei y hasta la terminología que utiliza en sus discursos hacen evidente que hay un hilo que conecta los dichos del intendente con La Libertad Avanza.

En los últimos días volvió a reflotarse la posibilidad de eliminar la reelección indefinida en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, cerca de Montenegro rechazan la idea y dan por descontado que este será su último mandato como intendente de General Pueyrredon.

¿A dónde apunta? Hasta hace algunas semanas todos repetían que buscaba construir una candidatura provincial. Hay un breve camino que da asidero a esa versión. Intentó imponer el concepto Región Mar del Plata para pararse ya no como un intendente, sino como líder de una región importante de la provincia. Trabajó para formar parte de la mesa nacional del PRO y poder estar en la discusión del futuro político del partido. En las últimas semanas eligió a Kicillof para confrontar. Y hasta gestos más domésticos: abandonó el buzo con cuello alto y las zapatillas deportivas por el pantalón de vestir y el saco.

En su entorno, también sumaban datos para abonar esa hipótesis. Por el peso electoral de Mar del Plata, Montenegro, decían, era una en las figuras principales del PRO en la provincia. «Jorge Macri se fue para la Ciudad y muchos otros perdieron sus territorios», analizaban.

Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, es otro de los que podría aspirar a esa representación, pese a que su distrito tiene la mitad de habitantes que General Pueyrredon. Hoy, sin embargo, está más abocado en construir junto a Patricia Bullrich dentro de LLA que en dar la discusión interna en el PRO. Una discusión que, por cierto, está al rojo vivo: esta semana renunció gran parte de la mesa provincial del partido.

En las últimas semanas, sin embargo, esa aspiración de Montenegro cambió. O al menos, se diversificó. «Ojo, no está buscando la provincialización de su carrera», advirtió un estrecho colaborador del intendente.

¿Y entonces? ¿Qué busca? – le preguntaron.

Le está tomando el gustito otra vez al mundo judicial – replicó.

Desde que comenzó a sonar el nombre de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Montenegro se «reencontró» con el mundo que lo vio nacer en la esfera pública. Antes de ser ministro de Seguridad porteño, embajador en Uruguay, diputado nacional e intendente de Mar del Plata, fue fiscal y juez federal en Comodoro Py.

De aquella época, guarda estrechas relaciones con figuras del mapa judicial. Entre ellas, con Lijo, el nombre que propuso Javier Milei para integrar el máximo tribunal de Justicia de la Nación. Por eso, fue uno de los primeros dirigentes del PRO que salió a respaldar públicamente la candidatura de Lijo.

«Sabe muchísimo y es un hombre de la justicia. Sería la primera vez que llega a la Corte alguien de sistema«, dice en reuniones reservadas, en las cuales defiende a su ex compañero de las críticas feroces que recibe de distintos sectores, incluido el propio presidente Mauricio Macri.

Cuentan quienes se reúnen seguido con el intendente que a la hora de hablar fuera de micrófono el tema judicial lo enciende. Hace poco más de un mes se reunió con el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, con quien también tiene un estrecho lazo de aquellos años. La agenda oficial incluía el pedido para avanzar en la base de datos que permita poner en marcha el sistema de reconocimiento facial en Mar del Plata. Sin embargo, la reunión duró más de dos horas. «Hablaron de muchos temas», resumieron allegados al intendente.

Mientras trabaja en su futuro, el jefe comunal no puede descuidar la gestión de la ciudad. Sostiene como estandarte su pelea con el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). Esta semana les descontó el día de trabajo a los docentes municipales que se adhirieron al paro nacional y fustigó a la conducción por alentar una protesta en el Premier Pádel, un evento internacional. «Le complican la vida a los vecinos, no a un intendente», dijo.

Pero la ciudad no funciona solo con el conflicto. En la última semana crecieron los reclamos por inseguridad. Los vecinos de Plaza Rocha realizaron dos protestas por la reiteración de hechos delictivos y denunciaron que se reinstaló en ese sector de la ciudad la zona roja, con venta de droga y prostitución. Y los taxistas denunciaron que ya sufren robos todos los días.

Las arcas municipales, este mes, le dieron un poco de alivio. El secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, se reunió esta semana con su equipo. La cobrabilidad de la TSU durante primeros cuatro meses del año sigue un 3% por debajo de 2023 y lejos del promedio histórico. Sin embargo, en abril repuntaron y el porcentaje llegó al 53,44%, luego de un derrumbado 46,38% de marzo.

¿Qué pasó? Una de las hipótesis que analizan en el gobierno de Montenegro es que muchos contribuyentes en lugar de pagar la boleta de marzo a fin de mes (cuando aplicaba el vencimiento) lo hicieron en abril, con el sueldo ya cobrado. Como sea, ese «oxígeno» le permitió al Ejecutivo pagarle a los municipales el 10% de aumento retroactivo a abril que firmó la semana anterior y que ya cobraron los trabajadores, pese a la pelea con el intendente.

Montenegro volvió a elegir a Kicillof para confrontar. Mientras hablaba sobre las empresas que desembarcarán en Mar del Plata a lo largo del año, le adjudicó al gobernador un proyecto de la concejal camporista Maite Alvado para modificar la forma de calcular las indemnizaciones. «Nosotros vamos para un lado y la Provincia para el otro«, disparó.

El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y ahora espera ser tratado en el Senado. Desde la Ucip y la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica salieron con un comunicado a advertir los perjuicios que causará en las Pymes. El senador del PRO y mano derecha de Montenegro, Alejandro Rabinovich, fue más tajante: «Es la muerte de las Pymes».

Las cámaras empresarias de toda la provincial salieron a pedirles a los legisladores de cada ciudad que revean el proyecto. La explicación de Unión por la Patria fue que los Tribunales de Trabajo ya utilizan fórmulas más aggiornadas a los tiempos inflacionarios para calcular la inflación. Y a eso se le sumó el «fallo Barrios» de la Suprema Corte de Justicia que por primera vez permitió la indexación en una sentencia indemnizatoria, lo que cambió el criterio que se mantenía hasta ahora.

Desde la Ucip ya transmitieron su preocupación a los senadores de Mar del Plata, Rabinovich, Ariel Martínez Bordaisco (UCR) y Pablo Obeid (Unión por la Patria). Las miradas están puestas en los senadores de un sector que abandonó La Libertad Avanza a poco de asumir y que votó junto a UxP en Diputados. El radicalismo, que se abstuvo en la cámara baja, tampoco acompañará en el Senado.

«El objetivo del proyecto es darle un marco normativo a algo que en la práctica ya ocurre», explicaron fuentes del Senado provincial. Sin embargo, las cámaras plantean que si se implementa la fórmula propuesta las indemnizaciones se multiplicarán y harán quebrar a las Pymes de la provincia.

Un abogado laboralista de la ciudad compartió un cálculo para graficar la situación. Una demanda de 2018 por un total de $1.700.000 con la fórmula actual (tasa pasiva digital) lleva la sentencia a $7.000.000. Con la fórmula propuesta la cifra llega a $50 millones.

Los planteos de las cámaras empresariales surtieron algún efecto. La comisión de Trabajo que se iba a reunir el martes último finalmente se levantó. Fuentes del oficialismo provincial creen que habrá reuniones para tratar de afinar el proyecto e impulsar un proyecto que no suponga el fin de miles de Pymes en la provincia.

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