Empujado por el viento libertario que marca esta época, el intendente Guillermo Montenegro comenzó una guerra inesperada hasta hace algunas semanas contra el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). Y lo hizo con fuerza: les descontó los días de paro, les limitó un premio por presentismo, dispuso un sistema electrónico de control y, lo más importante, propuso que la labor de los municipales sea declarada servicio público esencial para que no puedan hacer paros.
Luego de la repercusión inicial, una pregunta comenzó a sobrevolar en el mundo político marplatense: ¿puede a través de una ordenanza declarar servicio público esencial las tareas de los municipales? La respuesta rápida es que no. Pero en el gobierno de Montenegro están dispuestos a dar esa discusión, aunque saben que no será sólo en el Concejo Deliberante. Es probable que termine judicializado.
La primera gestión de Montenegro estuvo lejos de los conflictos que enfrentó su antecesor del PRO Carlos Arroyo con el gremio que maneja desde hace años Antonio Gilardi. El fundador de la Agrupación Atlántica les declaró la guerra a las autoridades del STM (les quitó las licencias gremiales, por caso), pero su decisión chocó una y otra vez con los problemas de gestión. En aquellos años era habitual el pago desdoblado de sueldos y, en consecuencia, los paros de los trabajadores.
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Esa relación tormentosa cambió por completo con la llegada de Montenegro al poder. Los sueldos comenzaron a depositarse los primeros días hábiles del mes, las paritarias se resolvían de forma silenciosa y los paros durante esos cuatro años se contaron con los dedos de una mano.
El segundo, en cambio, mandato comenzó con un paro por 48 horas sobre finales del año por el cierre de la paritaria y a partir de allí la relación se tensó. Es cierto que el gobierno local pudo sellar los primeros acuerdos (38% para cerrar el 2023 y 30% para el primer trimestre del 2024). Pero también que el pago de los salarios comenzó a transitar dificultades: pedidos de descubierto, pagos desdoblados, de horas extras por separado.
Esa situación se repitió durante los primeros tres meses, donde la aceleración de la inflación combinada con una caída de la recaudación municipal alejaron las posiciones: en la última paritaria el STM pidió 35% y el municipio ofreció 10%.
En ese contexto, los municipales anunciaron un paro por 48 horas para el viernes 5 y sábado 6 de abril. El jueves 4, además, los docentes municipales se habían plegado a la medida de Ctera. Ese mismo viernes, Montenegro sorprendió con un anuncio inédito en su gestión: el descuento de los días de paro. De allí en más, arremetió con distintas medidas contra los municipales.
Es difícil analizar estas medidas sin el contexto nacional. En marzo, el gobierno de Javier Milei agarró la motosierra y comenzó a podar dependencias estatales. Algunas las arrancó de raíz. Los contratados a los que se les dieron de baja los contratos y algunos trabajadores de planta que también fueron despedidos fueron el resultado del brutal ajuste del Estado que realizó el presidente.
«No es una pelea que nosotros buscamos. Pero tomaron una medida irracional«, analizó después de la primera conferencia de Montenegro un estrecho colaborador del jefe comunal. Aquella mañana el intendente cuestionó el paro luego de un fin de semana XXL, con negociaciones recién iniciadas y a principio de mes. «Cualquier acuerdo va a impactar de acá a 30 días», remarcó.
La situación recrudeció cuando un sector del STM copó la reunión de la comisión de Hacienda del Concejo en rechazo a un expediente del Ejecutivo. La situación escaló y terminó con gritos e insultos. Dirigentes de Juntos por el Cambio denunciaron que el concejal Agustín Neme fue amenazado de muerte.
La segunda conferencia de Guillermo Montenegro llegó con el plato fuerte. Horas antes, había firmado un decreto y una resolución. El primero le impide a los trabajadores que se adhieren a un paro recibir un premio (5 días de licencias con goce de haberes por cuatrimestre) que se instrumentó en 2001. La segunda establece una prueba piloto para controlar la asistencia y permanencia de los trabajadores a través de la tecnología.
«Pero se viene algo más fuerte», anticiparon voceros del intendente. Y así fue que anunció en la conferencia de prensa la intención de declarar servicio público esencial las diferentes tareas de los trabajadores municipales para evitar que puedan parar. «Ellos tienen un privilegio que es la estabilidad. Pero ese privilegio les da una obligación también: ir a laburar«, resumió Montenegro con un escenario acorde al mensaje que pretende dar: una silla, una pared blanca de fondo y solo un vaso de agua en la mesa.
La reacción del STM fue a través de un comunicado en el que acusó al Ejecutivo de apretar e intimidar a los trabajadores y volvió a exigir una reunión. Gilardi y Montenegro se reunieron esta semana, pero el encuentro no achicó las diferencias entre ambos.
El lunes, el Ejecutivo prometió elevar al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para declarar «de carácter esencial todas las tareas realizadas realizado por empleados sujetos al régimen de empleo público del ámbito municipal».
El texto que distribuyó el gobierno entre los medios de comunicación contiene una serie de fundamentos vinculados a la motivación del Ejecutivo para avanzar en esa dirección. Con un lenguaje más pulido, reitera todo lo que dijo Montenegro en la conferencia. Sin embargo, no hay ninguna aclaración sobre los fundamentos legales.
«Es una discusión válida. En la opinión pública, seguro. Es de sentido común. Y es una discusión legal que queremos dar. Si necesariamente lo tiene que hacer el Congreso, si es la Legislatura o si por ordenanza se puede. Esta claro que el derecho a huelga no es absoluto», sostuvo una fuente del gobierno de Montenegro.
Y apuntaron: «Podemos regular los horarios de los guardavidas, los horarios de los bancos. Evidentemente un municipio puede legislar en materia laboral«. Pero la pregunta es: ¿puede declarar la esencialidad de un servicio?
Desde otros sectores no tienen tantas dudas. «No se puede, es ilegal«, resumen. Ese planteo no es sólo de dirigentes peronistas; en el radicalismo también miran de reojo el plan del intendente. No es casual: desde 1983 al 2005 (salvo cuatro años) los intendentes fueron radicales y la planta municipal se formó con ese impulso.
De todos modos, desde su entorno ya ven ganancia. En un camino evidente hacia el discurso mileista, Montenegro se convirtió en el primer intendente del país en elevar un proyecto para declarar esenciales todas las actividades de los trabajadores municipales e impedirles así hacer un paro. Incluso, de avanzar el proyecto, hasta podría echar a empleados municipales.
En el gobierno local se sienten fuertes en ese plano. El respaldo en redes sociales al proyecto, más las mediciones de humor social hacen suponer que el intendente saldrá fortalecido de la pelea. Hay, sin embargo, un punto no contemplado: si la batalla se extiende las consecuencias para la gestión municipal son desconocidas.
El intendente puede encontrar argumentos que le permitan tener apoyo popular. Pero si el conflicto se extiende, no hay resultados y el descontento se acumula, el boomerang puede volver con más fuerza.
