Guillermo Montenegro está caminando por las huellas que deja Javier Milei. Al igual que el presidente, el intendente lleva adelante su propia batalla contra la «casta», un concepto maleable y con bordes difusos. En el universo del jefe comunal, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) configura ese «enemigo» que el público mileista rechaza. Y al mismo tiempo profundiza el perfil antikirchnerista: le apunta directamente al máximo exponente electoral de Unión por la Patria, el gobernador Axel Kicillof.
El lunes, el gobernador convocó a los intendentes al salón dorado de la Gobernación para firmar la transferencia de la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal. Por ese fondo, a General Pueyrredon le corresponden $834.245.596. Ningún intendente del PRO concurrió a la cita y tampoco dejaron pasar la foto del gobernador con un nutrido grupo de intendentes. Lo acusaron de intentar sacar provecho de un fondo que está asignado por ley y, además, de incumplir esa ley que estipula que el pago debió haberse hecho el 30 de abril. En el Ejecutivo local aseguran que la plata todavía no llegó.
Montenegro fue uno de los que suscribió el comunicado de los intendentes del PRO. En abril del año pasado, había tomado una postura distinta: fue a firmar la adhesión al programa «Municipios a la Obra«. Justamente una de las obras asignadas era la remodelación de la Peatonal San Martín que se encuentra en plena ejecución. Un año después por X, le pidió a Kicillof que cumpla con la ley y pague los fondos comprometidos.
La pelea de Montenegro con Kicillof ya sumó este año varios capítulos. No es casual. Montenegro trabaja para provincializar su nombre. Lo hizo cuando se sacó una foto con el ministro del Interior Guillermo Francos junto a Nacho Torres, gobernador de Chubut, en pleno conflicto con la pesca. Y lo hace cuando le apunta a gobernador bonaerense por las obras en La Rambla, por haber registrado el convenio de los municipales y por no cumplir con el pago de los fondos fijados por ley.
En esa búsqueda confrontar con quien hoy aparece como la figura principal del kirchnerismo es una estrategia redituable. Y su espada más filosa, el senador Alejandro Rabinovich, la lleva al paroxismo: exhibe en sus redes sociales un furioso perfil anti K.
«Matar o morir»
El otro conflicto que sostiene el intendente es con el STM. Tiene varias aristas: paritaria, descuentos, presentismo, servicio esencial y nuevo convenio colectivo. Sin embargo, un comunicado del gremio acaparó toda la atención: «La paciencia se acabó, tras una semana plagada de mentiras el lunes comienza un plan de lucha a matar o morir«.
La frase es, cuanto menos, desafortunada. Surgió luego de que el intendente Guillermo Montenegro firmara el decreto que estableció un aumento del 10% para los trabajadores municipales. Una cifra que la conducción del gremio había rechazado en múltiples oportunidades.
La conducción del STM, con Antonio Gilardi a la cabeza, respondió con un comunicado en el que acusó al intendente de mentir y traicionar un acuerdo de palabra. Relataron que en una reunión que hubo el martes, el jefe comunal había ofertado un incremento del 30% y que las partes estaban avanzando hacia un acuerdo para destrabar el conflicto.
No obstante, según la versión del STM, el jueves los volvieron a convocar para decirles que esa oferta ya no estaba en la mesa y que iban a recibir un 10% por decreto. «El intendente faltó a la palabra y no le tomó el pelo a la conducción del STM, nos lo tomó a todos los trabajadores municipales», escribieron en el comunicado.
En el gobierno de Montenegro afirman que el ofrecimiento que existió fue un 10% para abril y otro 10% para mayo. «Ellos pidieron un un 10%, más un 20%, pero dijimos que no», contaron fuentes del Ejecutivo. No hay nada que permita saldar con certeza cuál de las dos versiones es la que verdadera. Es la palabra de uno contra la del otro.
No obstante, estratégicamente, el STM podría haberse anticipado. Si el jueves el gobierno le informó que no iba a cumplir el acuerdo, ¿por qué no anunciarlo antes de que Montenegro firme el decreto?
Hasta el momento, el intendente se siente cómodo con la situación. La era Milei cubre su pelea con el manto anti Estado que parece marcar esta época. El descuento por los días de paro generó lo que Montenegro esperaba: el STM no volvió a realizar paro. Con la inflación todavía alta y los salarios que pierden poder adquisitivo, muchos municipales no pueden permitirse el descuento del día de trabajo. Y las presentaciones judiciales, por el momento, no arrojaron ningún resultado.
Sin esa herramienta, el gremio apostó a mostrar las falencias de la gestión del intendente. Hasta ahora solo difundieron dos videos: uno con el estado del cementerio parque y el otro, de una escuela. Habrá que ver cómo refuerza la lucha a partir de este lunes. Pero está claro que el remate con la amenaza de un conflicto «a matar o morir», fue un yerro de la conducción del STM.
La frase no sólo fue el título de todos los medios de la ciudad, sino que también llegó a medios nacionales. El jefe del bloque de concejales de Vamos Juntos, Agustín Neme, fue uno de los que salió al cruce.
«El Sindicato de Municipales declaró un plan de lucha a matar o morir. Sí, tal cual ustedes leen, matar o morir, en el contexto de una negociación paritaria. Desde el bloque Vamos Juntos repudiamos el apriete, la extorsión y la violencia», escribió. Pero no fue el único. El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, también respaldó a Montenegro.
¿Y la UCR?
El nuevo capítulo con el STM le permitió a Montenegro pasar por arriba un tema que, tarde o temprano, deberá enfrentar: cómo sigue su alianza con la Unión Cívica Radical. El acuerdo entre el intendente y el senador nacional Maxi Abad es sólido. Los funcionarios que forman parte del gabinete responden sin miramientos y en el Concejo Deliberante no hay grandes fisuras. Pero nadie se atreve a asegurar cuánto resistirá esa situación.
El contenido de los discursos de Montenegro y Abad es cada vez más distinto. El intendente respalda sin miramientos a Javier Milei. En su entorno creen indefectible que el PRO y La Libertad Avanza se unan para conformar una coalición electoral. Incluso, cada vez son más los que creen que esa unión se dará en las legislativas del año próximo.
La discusión será quién conduce. Está claro que si no ocurre un estallido, el presidente será la principal referencia del espacio. Pero en los territorios la situación es distinta. El PRO tiene armados consolidados en muchos distritos y el mileismo está comenzado a construirse, pero no quiere ceder ese rol.
La semana anterior, desembarcó en Mar del Plata Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio-Urbana y coordinador de LLA en la provincia de Buenos Aires. La ocasión fue un curso de formación política impulsado por el diputado Alejandro Carrancio. Desde lo político, fue un respaldo importante para el legislador provincial y armador de la quinta sección electoral. Pero también hubo presencias que llamaron la atención. Una fue la de Gustavo Jara, referente de Patricia Bullrich en la ciudad y funcionario de Montenegro hasta el 10 de diciembre. El otro fue el presidente del PRO local, Emiliano Giri.
Mientras los caminos del PRO y LLA se acercan, el radicalismo parece distanciarse. El propio Abad realizó una amplia recorrida mediática para plantear sus reparos a la Ley de Bases que comenzó a tratarse en el Senado. Sin embargo, la señal más clara llegó desde la Legislatura bonaerense. Allí el radical Diego Garciarena, hombre de Abad, firmó junto a Facundo Tignanelli, uno de los dirigentes más cercanos a Máximo Kirchner, un proyecto que «conmina y exhorta» a los senadores de la provincia a votar en «resguardo de sus intereses» durante el tratamiento de la ley de Bases.
Esos cismas todavía no llegaron a Mar del Plata. Hay quienes creen que el proyecto para declarar servicio público esencial a la labor de los municipales podría ser un quiebre. Otros hablan de las diferencias por el cargo de defensor del Pueblo, cuya elección se abrirá este lunes, pero se demoró por falta de acuerdo en el oficialismo. Como sea, los dos temas tendrán tratamiento en las próximas semanas y servirá para ver si el intendente y el senador logran sostener su acuerdo o si los caminos de ambos comienzan a bifurcarse.
