La cadena de supermercados «Cooperativa Obrera» compartió un comunicado titulado «El que calla otorga» en el que explicó los lineamientos de la empresa, justificó el cumplimiento de las normas municipales vigentes y respondió a la Unión del Comercio, la Industria y la Producción luego de que apelara un fallo judicial para frenar su nuevo local en el barrio El Progreso.
«La Cooperativa Obrera es una empresa, pero una empresa diferente, controlada democráticamente por sus asociados y los excedentes anuales se reparten entre ellos en estricta proporción a sus operaciones con la entidad, lo que califica su especial naturaleza basada en las personas y los servicios, y no en el lucro«, comienza explicando el texto.
Es por esta característica que detallaron que «la diferencia ha sido reconocida por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y por las normas derivadas, así como por las autoridades competentes, lo que se traduce en la no aplicación de la ley ni la ordenanza que regulan las grandes superficies y en un tratamiento tributario acorde a su naturaleza», en respuesta a la Ucip que señaló en su apelación que es «ilegal» la apertura de una nueva sucursal, según lo dispuesto en la ley provincial 12.573 y la ordenanza municipal 18.788.
«La Coope tributa regularmente todas las tasas que establecen los Municipios donde se encuentra, así como el IVA, la contribución especial sobre el patrimonio de las cooperativas y el impuesto sobre los ingresos brutos en las ventas a terceros no asociados, que la ley permite desde hace más de 50 años y que es lo que justifica precios diferenciales en favor de sus asociados. Cumple rigurosamente las leyes que le son aplicables, y ajusta su actividad al derecho vigente«, agregaron.
Por último, indicaron que «desde hace años» la empresa es víctima de «embestidas mediáticas y maniobras para detener su desarrollo, basadas en falacias y descalificaciones arbitrarias y sin sustento legal» lo que «exhibe la mezquindad de quienes temen perder sus privilegios en perjuicio de los consumidores de Mar del Plata».
En esta línea, días atrás el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, explicó que la ley provincial avala la apertura porque exime de los límites a las cooperativas de compra. Además, señaló que la ordenanza municipal es más restrictiva pero que se encuentra «fuera de tiempo».
«No tiene nada que ver con lo que vivimos hoy. Estamos fomentando la inversión comercial para generar puestos de laburo. Alguien le va a tener que decir a las 45 personas que están esperando para entrar a trabajar que no pueden arrancar. Yo no voy a ser», disparó Muro en diálogo con Mi8.
Previamente, desde la Ucip recurrieron a la justicia con una acción de amparo para que el municipio presente información sobre la apertura del nuevo local de La Coope. La entidad empresaria sostuvo que la ley provincial 12.573 y la ordenanza 18.788 se sancionaron hace una década «con el fin de evitar la proliferación y crecimiento de oligopolios en la comercialización de alimentos, que por la concentración fijan precios en el mercado, y que luego redundan en perjuicio del consumidor».
«Ello hace que la apertura de una nueva boca de la Cooperativa Obrera sea totalmente ilegal. Por lo que esta entidad sostiene que no pueden habilitarse establecimientos ilegales en la ciudad, y corresponde a las autoridades municipales el control y el ejercicio de la habilitación comercial», plantearon.
