Con el Pacto de Mayo ya firmado, concejales del bloque Crear Más Libertad presentaron en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza en el que insisten al Municipio a que adhiera al título VII de la Ley Bases, donde se establece un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) en el ámbito de General Pueyrredon.
El proyecto lleva la firma de los ediles María Cecilia Martínez y Emiliano Recalt y contó con la adhesión de sus pares del PRO y de la Coalición Cívica. No es el primer proyecto en el que cuentan con aval de un sector del oficialismo: lo mismo ocurrió cuando los concejales libertarios presentaron un proyecto para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ponga un freno a la Ley de Indemnizaciones.
El régimen establecido, incluido en el paquete de la Ley Bases, busca, entre otros puntos:
- Incentivar las grandes inversiones, tanto nacionales como extranjeras.
- Promover el desarrollo económico.
- Incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior.
- Favorecer la creación de empleo.
- Generar condiciones de previsibilidad y estabilidad que atraigan al capital inversor.
El gobierno bonaerense todavía no adhirió al Rigi. Sin embargo, Martínez y Recalt pretenden que, en General Pueyrredon, «dicho régimen, impulsado en el marco de las transformaciones propuestas, se establezca para inversiones que superen los 200 millones de dólares en sectores estratégicos de la economía, como el sector forestal, el turismo, la infraestructura, la minería, las TICs, la siderurgia, la energía y la producción de petróleo y gas”.
En este sentido, también se busca la promoción de una «ola de nuevos proyectos» para elevar la productividad, generar empleo de calidad y reducir la pobreza. «La adhesión a este régimen posibilitará dar el salto cuantitativo y cualitativo que los marplatenses y batanenses necesitamos”, señalaron. Además, agregaron que el artículo 224 de la Ley Bases invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a que adhieran al Rigi.
“Este proyecto tiene como objetivo visibilizar la trascendencia de que la provincia de Buenos Aires adhiera a esta ley para el crecimiento, desarrollo y prosperidad de los bonaerenses, que no es más ni menos que el bien para General Pueyrredon”, sostuvieron Martínez y Recalt.
Entre los puntos salientes, solicitaron que la presente adhesión se realice sin perjuicio de las facultades atribuidas al Departamento Ejecutivo en el marco de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva N° 26.192 y 26.193, respectivamente, y futuras normas que se aprueben a los mismos efectos.
Por último, dejaron en claro que, de aprobarse el proyecto, regirá el mantenimiento de las tasas y derechos vigente al 31 de diciembre de 2023 respecto de los Vehículos de Proyecto Único, con las metodologías de cálculo establecidas por las Ordenanzas Nº 26.192 y 26.193, y demás normas modificatorias, reglamentarias y concordantes del Ejercicio Fiscal 2024.
