miércoles 8 de mayo de 2024
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Vecinos de El Marquesado se manifiestan en la residencia presidencial

Vecinos de El Marquesado cortaron la ruta 11, a la altura del kilómetro 550, y marcharon hacia la residencia presidencial donde se encuentra Alberto Fernández, en el marco del conflicto que se dio desde que apareció un proyecto agroecológico que propone ceder 140 hectáreas al MTE, liderado por Juan Grabois.

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Vecinos de El Marquesado cortaron la ruta 11, a la altura del kilómetro 550, y marcharon hacia la residencia presidencial donde se encuentra Alberto Fernández, en el marco del conflicto que se dio desde que apareció un proyecto agroecológico que propone ceder 140 hectáreas al MTE, liderado por Juan Grabois.

Tras una hora de corte parcial de ruta, surgió la posibilidad de mudar el reclamo a las puertas de la residencia y luego de una votación, se decidió por mayoría y trasladar la protesta pacífica hacia donde descansa Alberto Fernández.

Con aplausos, banderas de Argentina, silbatos y reclamos, una gran cantidad de personas se manifestó en las puertas, mostrando su descontento por la decisión ante el Presidente de la Nación. Cerca de las 19, comenzaba la desconcentración.

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Bajo el lema “digamos basta al amiguismo político y a las tomas encubiertas” y con cacerolas le mostraron a locales y turistas en el sábado de Semana Santa su descontento. La convocatoria, que ya tuvo dos manifestaciones similares anteriores e importante acompañamiento de residentes y asociaciones vecinales de Mar del Plata y Miramar, comenzó a las 17 en el acceso al campo que ahora administra la Asociación Civil Tercer Tiempo.

“El único objetivo es decir basta a la toma encubierta de tierras por parte de organizaciones sociales por medio del amiguismo político del Estado”, dijeron los organizadores de esta protesta.

La Asociación Civil Tercer Tiempo tomó posesión de este predio hace dos semanas, a partir de un convenio firmado con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que le entregó en custodia las tierras por 18 meses.

El convenio fue cuestionado por los vecinos de la zona y disparó una denuncia judicial que presentó el propio intendente local, Guillermo Montenegro, con acusaciones de incumplimiento de funcionario público y falsedad ideológica. La causa se abrió en tribunales porteños y quedó a cargo del juez Ariel Lijo. Según fuentes judiciales, se espera que pueda tener alguna resolución sobre el avance de esta causa en el transcurso de la próxima semana.

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