Los cuatro hijos de Leonardo Miguel Save, un represor que integró la «banda de Aníbal Gordón», podrían ser condenados a 3 años de prisión por el delito de lavado de activos provenientes de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
El Tribunal Oral de Federal Nº1 dará a conocer mañana el fallo en el juicio a María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save quienes están acusados de haber realizado diversas maniobras para incorporar al mercado legal dinero procedente de crímenes de naturaleza económica cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
El fallo del juez Roberto Atilio Falcone, quien llevó adelante el juicio de manera unipersonal, se conocerá mañana luego de escuchar las últimas palabras de los imputados.
El 25 de abril, la acusación representada por el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi; la titular de la Oficina de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Mar del Plata, Laura Mazzaferri y los fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrial solicitaron la pena de tres años de prisión para los hermanos Save.
El Ministerio Público Fiscal dio por probado que los acusados realizaron una operatoria para adquirir y administrar dos terrenos de 36 hectáreas linderos a la laguna de Chascomús con el objetivo de construir en un club náutico.
En ese sentido, el dinero para la operación inmobiliaria fue parte del botín que se obtuvo del robo a víctimas de terrorismo de Estado en el marco del Plan Cóndor, un operativo represivo de alcance regional integrado por grupos de tareas de la Argentina, Uruguay, Paraguay, chile y Bolivia.
Los acusados son los hijos de Leonardo Miguel Save, el fallecido represor del centro clandestino Automotores Orletti que funcionó como epicentro del Plan Cóndor en la Argentina.
Para la Fiscalía, entre las prácticas que vino a estandarizar el Plan Cóndor «con el objetivo de facilitar la destrucción o eliminación de quienes se opusieran a las dictaduras cívico militares de la región», se cometieron robos y se realizaron apropiaciones de bienes de detenidos desaparecidos.
Save integró la banda de Aníbal Gordon que a su vez tenía a cargo el funcionamiento de Automotores Orletti. El represor participó del secuestro y la apropiación de los bienes en la vivienda del militante uruguayo Alberto Mechoso Méndez.
La fiscalía estableció que en ese hecho, el grupo de tareas sustrajo una millonaria suma de dinero de la vivienda, que luego -al menos en una parte- habría sido utilizada por quienes conformaban la organización para efectuar la operación de compra-venta de los lotes ubicados en el barrio Parque Girado de la ciudad de Chascomús con el objeto de desarrollar un proyecto inmobiliario de construir un «Boating Club», que finalmente no se concretó.
Además de la pena de tres años de prisión, el Ministerio Público Fiscal solicitó que la condena incluya una multa a cada uno por el doble del valor de los terrenos.
En su alocución, la fiscal Mazzaferri aseguró que los terrenos decomisados por la justicia deben tener un destino dirigido a garantizar el derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Sugirió, por la experiencia en el tema, la entrega a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a través de su Dirección de Sitios y Espacios para la Memoria.
El propósito, explicó Mazzaferri, es que se puedan arbitrar las medidas necesarias para que las parcelas se dediquen a actividades educativas, turísticas y/o de recreación, con eje en «mantener viva la memoria de los sucesos que tuvieron lugar en ese sitio durante el terrorismo de Estado».
