Este miércoles habrá un nuevo paro general en Argentina, a casi 5 años del último. El 29 de mayo de 2019, la Confederación General de los Trabajadores (CGT) convocó a una medida de fuerza, en los últimos meses de la gestión de Mauricio Macri.
Tras el gobierno de Alberto Fernández, donde no se realizó ningún paro general, la CGT, sindicatos, gremios y organizaciones sociales vuelven a las calles. En 2019, la consigna era el rechazo a la «aceleración de la decadencia de la economía».
En esta ocasión, se repudia al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) promulgado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y la ley ómnibus que ingresó al Congreso para su tratamiento. De hecho, el líder de La Libertad Avanza (LLA) es, desde el regreso de la democracia, el jefe de Estado que menos tiempo duró sin un paro general: apenas 45 días.
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Para entender un poco más qué implicancia tienen los paros generales en Argentina, el doctor y profesor en Historia, Agustín Nieto, especialista en Historia Social de los trabajadores y director del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Conicet, dentro de la Universidad Nacional de Mar del Plata, explicó a Mi8 en qué consiste una movilización de este tipo.
«Argentina ha tenido un grado de sindicalización mucho más alto que en países europeos. Teníamos una tasa de sindicalización parecida a la de Alemania en un momento, a la de Inglaterra en otro momento y por encima de países como Portugal y España. Hoy en día, desde la última dictadura militar, y sobre todo pasando por la década del ’90, hay un proceso de precarización laboral muy importante, lo que implica una llegada tardía de los derechos sindicales», explicó.
A pesar de ello, el porcentaje de agremiación en Argentina continúa como uno de los más altos a nivel mundial. «Si bien el movimiento obrero, en comparativa con su propia historia, está debilitado, sigue siendo de los más importantes en el planeta», expresó Nieto.
En ese contexto, la huelga general como «forma de expresión y de reclamo de los trabajadores» es «definitoria» del propio movimiento obrero, no sólo en términos de organización, sino también de identidad. «El trabajador se identifica como un gremio a partir de los procesos de lucha, y dentro de ellos, la huelga es uno de los momentos más importantes», sostuvo.
Nieto analizó que siempre hubo una discusión en torno a cuándo utilizar esta medida de fuerza, ya que es «una de las medidas de mayor impacto y de mayor dificultad de coordinar, llevar adelante y garantizar que se cumpla». «Implica todo un trabajo de preparación y de convencimiento de los propios trabajadores que tienen que garantizar que el paro sea efectivo», dijo.
¿Cuál es el origen del paro general?
El historiador explicó que siempre hay una premisa teórica de que toda huelga general es una huelga política, y no económica. «En general, los paros generales son políticos. Y si bien tienen que ver con la economía, porque obviamente cuando es contra el ajuste tiene que ver con la economía, son contra una política económica del gobierno de turno», manifestó. Ese es el caso del paro de hoy, en el que se marcha en contra del DNU y la ley ómnibus propuestos por el gobierno de Javier Milei.
Sin embargo, Nieto también consideró que la predisposición de los gobiernos para «sentarse a hablar» con los trabajadores incide en la organización de un paro general. «Hay gobiernos, como el actual, que son decididamente anti-sindicales, que entienden que el sindicato es el problema. Eso también afecta a llevar adelante o no una huelga general en el marco de un gobierno», relató.
De hecho, en el mandato de Raúl Alfonsín, hubo 13 paros generales, la máxima cantidad desde el regreso de la democracia. A Carlos Menem y a Fernando De la Rúa (en dos años de mandato) se le levantaron ocho paros. «Entonces, siempre hay una carga política y también un sustento de cómo se define al movimiento obrero», añadió Nieto.
Por su parte, el historiador consideró que el rápido llamado a un paro general en el gobierno actual se explica desde la verbalización de Milei y su espacio, incluso, antes de que llegara a la presidencia. «Es un discurso antisindical. Eso ya predispone mal a cualquier organización sindical, cualquiera sea el signo ideológico del partido en el poder. Ese es el primer punto. El segundo, y no menor, es que todas las políticas que implican tanto el DNU como la ley ómnibus atentan contra derechos básicos del movimiento obrero y, en algunas ramas, hasta con el derecho a huelga«, analizó.
Un derecho contra otro
En las últimas semanas, los piquetes fueron unos de los temas centrales de la agenda pública y del gobierno de Milei, que incluso monitoreó el funcionamiento del «protocolo antipiquete» en la primera movilización masiva en contra de su gestión. El argumento que dieron el presidente y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para implementarlo fue que el corte de las calles restringe la libertad de circulación.
«Pero ahí tenemos dos derechos, uno tan válido como el otro: el derecho a la protesta, que es constitucional, y el derecho a la circulación, que también lo es. Como el derecho a la protesta se funda en otros más, como el derecho a poder alimentarse, a tener un techo, a tener una vivienda, a otros que estén vulnerados, la carencia de estos genera el uso de un derecho fundamental como el derecho a la protesta, que obviamente genera consecuencias. Para el que está transitando, a cualquiera nos puede tocar querer pasar por una ruta, por una calle, por una avenida y toparnos con una protesta. Eso es parte de nuestra sociedad, porque está plagada de desigualdades sociales«, expuso Nieto.
Qué implica un paro general
Nieto recalcó que, a diferencia de un piquete, que es «sectorial» y que, generalmente, tiene que dirigirse a «algún punto», la huelga general activa implica «la paralización total, independientemente de que los trabajadores adhieran o no en un 100%».
En este sentido, nombró a algunos sectores clave en la conformación de un paro generalizado. «Supongamos que no adhieren en un 100%, pero hay grupos estratégicos que se suman y paran el país. Sin transporte no se puede ir a trabajar. Por lo tanto, si todo el sistema de transporte para, ya eso afecta casi en su totalidad la posibilidad de que funcione cualquier actividad, porque los ciudadanos no pueden llegar a su lugar de trabajo», sostuvo.
Según Nieto, si esa protesta de transportistas se le agrega el apoyo de un 50% del resto del sector obrero, el paro pasa a ser «total», no por un «convencimiento absoluto», sino que quienes lo garantizan son los que sí están de acuerdo y toman las medidas necesarias para que se concrete.
En cuanto a la representación de un paro general, Nieto manifestó que, en esa disputa del derecho a huelga, los hechos se definen por la «correlación de fuerzas». «Si de 100 trabajadores, 80 deciden hacer un paro y 20 quieren entrar a la fábrica, no van a poder ingresar. Entonces, tiene que ver con cómo se reparte ese desacuerdo. La idea es que la huelga general afecte a la economía, que se sienta de un golpe y que los trabajadores digan: ‘Les va a salir más caro hacer la lucha que reconocer nuestros derechos’. Todo el tiempo se está disputando el sentido de las políticas», remarcó.
Nieto señaló que esa puja de poderes siempre está, pero que se lo ve desde un encuadre muy chico: entre los trabajadores y las «organizaciones muy poderosas». «La población, en general, tiende a alinearse con lo que representa para sus familias. Para el que es parte de una familia trabajadora, que vive la precarización, probablemente un porcentaje alto de esas personas estén de acuerdo con el paro. Porque coinciden en que, aunque es una medida extrema, está justificada por lo extremo de las medidas del gobierno», explicó Nieto.
El peso específico de la CGT
Ante cada pedido de paro general, los sectores obreros y partidos políticos exigen a la CGT la organización de la medida de fuerza. Esa presión es ejercida por agrupaciones de base, que viven la situación «en carne propia» y militan desde sindicatos y lugares de trabajo.
«En general, lo que pasa con las centrales sindicales es que tienen otros tiempos, son más como un elefante. Es un movimiento más lento y, hasta que se movilizan, pasa un tiempo. Entonces, lo que hacen las organizaciones de base, sean de una línea u otra, es presionar o mostrar esa demanda de una huelga general», expresó el historiador.
Igualmente, Nieto pronunció que, simbólicamente, si la CGT, «más allá de sus tiempos y de su parsimonia», destina una fecha de huelga general, habilita a todas las organizaciones y a los trabajadores que están descontentos con la situación a «activarse». «Es un incentivo para que sea masiva la acción. Sobre todo, cuando se vincula con una situación concreta. Ahora, no estamos en una manifestación contra algo que es intangible, sino que estamos en una protesta contra algo que es totalmente tangible y que recién se están empezando a notar sus consecuencias», concluyó.
