El texto de la Ley Ómnibus que alcanzó el dictamen positivo en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados incluía en su artículo 309 la derogación de los artículos 19 y 20 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que prevén la creación de la Defensoría del Publico y establecen sus funciones, por lo que, aunque sin nombrar al organismo, el proyecto de Javier Milei buscaba eliminarlo.
Luego de alcanzada la instancia de debate en la Cámara de Diputados, la ley finalmente retornó a comisiones por lo que sus disposiciones dieron marcha atrás y quedó inconclusa la disolución de la Defensoría.
De todas formas, las y los trabajadores del organismo que se ocupa de recibir las denuncias de oyentes y televidentes para garantizar que los medios de comunicación respeten los valores democráticos, continúan en estado de alerta frente a una propuesta de la diputada Silvina Giudice, ex titular del Enacom durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora integrante de La Libertad Avanza, que busca dar de baja el organismo.
Balance del fin de semana: el municipio atendió complicaciones por el temporal y diversas infracciones - Entre el jueves y el lunes inclusive, el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM), Tránsito, Prefectura,… Ver nota >
Por la suba del gas, cada vez más gente se vuelca a la leña, pero compran poca cantidad - Por el frío que hizo en los últimos días, pareciera que se adelantó el invierno… Ver nota >«La propuesta viene de esta diputada que presentó un proyecto para eliminar la Defensoría del Público con mentiras: dice que se busca censurar a la prensa, que hay familiares de funcionarios trabajando cuando somos todos profesionales especialistas en diferentes temáticas que trabajamos hace más de 10 años con muy poco presupuesto», explicó a Mi8 Marcela Gabioud, la única trabajadora de la Defensoría del Público a cargo de la capacitación en toda la provincia de Buenos Aires y la Patagonia.
La trabajadora además relató que «a lo largo de los años se redujo el presupuesto» para el organismo, por lo que de un tiempo a esta parte solamente se encuentran trabajando solo tres personas en la línea de género y comunicación en Dirección de Capacitación de la que ella forma parte.
«El organismo es federal pero no tiene sedes por falta de presupuesto, dentro de las áreas quienes capacitamos tenemos a cargo distintas zonas y viajamos para poder alcanzar a todo el país», dijo y agregó que «a partir de la modificación del gobierno de Mauricio Macri, que retiró a los cableoperadores del marco de la Ley de Medios, el importe de impuestos que pagaban se dejó de cobrar por lo que se achicó inevitablemente el presupuesto designado a la Defensoría».
Concretamente, el proyecto de ley presentado por la diputada del PRO Silvina Giudici y acompañado Fernando Iglesias, Luciano Laspina, José Luis Espert, Damián Arabia, Diego Santilli, Hernán Lombardi, Martín Yeza, Alejandro Finocchiaro entre otros legisladores, propone la disolución del organismo al considerar que realiza las mismas tareas que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que se «excede» en sus funciones y que «roza la censura». Como alternativa, busca que se transfiera el personal que trabaja allí, además de su presupuesto y todos sus bienes, a la Defensoría del Pueblo de la Nación.
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual fue creada hace 11 años a partir de la sanción de la Ley 26.522, conocida como «Ley de Medios». Su función es la de promover la comunicación democrática, además de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público para que los derechos de los oyentes y televidentes sean respetados. También lleva adelante una tarea pedagógica en la formación crítica de las audiencias, en la difusión del derecho a la comunicación, en cómo ejercerlo y reclamar cuando es vulnerado.
