El largo trajín de los damnificados de la casa de Cambio Jonestur para poder recuperar los ahorros de toda su vida se encontró en los últimos meses con una novedad increíble. Cuando parecía que la investigación en la justicia de Andorra podía encaminarse a lograr que los ahorristas recuperaran su dinero, la justicia del Principado firmó un acuerdo insólito: le ofreció a los imputados pagar una multa de 43 millones de euros para archivar todas las acciones penales. Lo increíble de la historia es que ese monto lo pagarían con el dinero que se llevaron hacia ese país que es de los propios damnificados que ven así escurrirse las posibilidades de recuperarlo.
Los imputados (Oscar Rígano, Rubén Seret y Alfredo Blasco García) reconocieron en el acuerdo firmado ante la justicia de Andorra todas las maniobras ilícitas que llevaron adelante desde el año 2004 con el dinero de los ahorristas.
Ese año, los accionistas de la firma (con Francisco García Navarro a la cabeza, hoy fallecido) decidieron «ampliar su actividad más allá de los límites legalmente autorizados». Así, comenzaron a captar los fondos que los clientes le habían dado para tener a resguardo y ofrecieron servicios de inversión, préstamos, colocación de productos financieros, entre otras herramientas financieras, sin autorización correspondiente.
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Intentaron robarle a un hombre y le pegaron un balazo en la pierna - Un hombre fue baleado durante un intento de robo este viernes por la noche en… Ver nota >Los directivos de Jonestur viajaron a Andorra para reunirse con las autoridades de la Banca Privada de Andorra (BPA), con el objetivo de utilizar esa entidad como «plataforma offshore para evadir los controles reguladores financieros en Argentina».
En el acuerdo firmado ante la justicia de Andorra los responsables de Jonestur reconocieron haber creado 27 sociedades fantasma que utilizaron para esto.
Para lograr este objetivo, los imputados llegaron a un acuerdo con la BPA para darle una «apariencia de licitud» a sus actividades financieras. Una de las firmas creadas como pantalla (Thenalp SA) era la que recibía los beneficios de la plata que a través de Jonestur habían llevado al BPA.
Con esa ingeniería armada, los responsables de Jonestur comenzaron a derivar el dinero de los ahorristas a la BPA a través de distintas casas de cambio para que no quedara registro de ese movimiento.
A tal punto llegó la connivencia entre los accionistas de Jonestur y las autoridades de la BPA que tanto Rígano, García Navarro, Seret y Blasco García tenían cuentas institucionales de correo electrónico de la entidad (@bpa.ad), mediante la cual podían realizar consultas y trámites.
Para marzo de 2015, el grupo Jonestur administraba una cartera cercana a los 138,8 millones de dólares para cerca de 2.000 clientes. La rentabilidad por la administración de une cartera de esta magnitud nunca fue menor al 0,5% anual. «En los casi 11 años que se gestionó este negocio a través de le cuentas mantenidas en la BPA implicaría utilidades totales por 7,6 millones de dólares, sólo por este concepto», señala el texto del acuerdo firmado en Andorra.
Luego de detallar todas las actividades ilegales que realizaron los imputados al funcionar como «banca paralela«, el acuerdo firmado en la justicia de Andorra señala: «Todas aquellas actividades propias del sistema financiero que los inculpados realizaron sin ningún tipo de autorización ni habilitación fueron realizadas con un evidente ánimo de lucro y reportaron cuantiosos beneficios directamente relacionados con aquéllas».
En ese marco, detalla que los imputados cobraron comisiones de entre el 1 y el 5% por los servicios que prestaban que le reportaron ganancias por, al menos, 4.379.594 millones de dólares. «Pese a que estas comisiones respondían al pago de un servicio financiero prestado en Andorra, se cobraban en efectivo en Argentina al cliente, a fin de impedir su trazabilidad y ocultar su verdadero origen delictivo», advierte la justicia.
El estallido del conflicto y el escandaloso acuerdo
En 2015 el gobierno de Andorra decidió intervenir al Banca Privada de Andorra (BPA) por múltiples causas de lavado de dinero, lo cual hizo estallar las actividades ilícitas que realizaba Jonestur a través de todas sus sociedades pantalla.
El conflicto tardó en llegar a Mar del Plata, pero a partir de 2017 los ahorristas comenzaron a reclamarle a los dueños de Jonestur el acceso a su dinero. Y durante años la única respuesta que encontraban era que tuvieran paciencia, que pronto se solucionaría el conflicto.
El abogado Julián Vespa asumió la representación de un grupo importante de ahorristas que nunca pudieron recuperar su dinero y que ratificaron en sede judicial que desconocían los manejos que Jonestur había hecho con su dinero.
Pasaron años de escasas novedades y avances en la causa. No obstante, la declaración de Oscar Rígano ante la justicia de Andorra a comienzos de 2022 abrió una luz de esperanza. El empresario reconoció que el 90% de los fondos que derivaron a BPA a través de las sociedades fantasma , no era de Jonestur sino de los clientes. La otra parte era de las comisiones que habían obtenido por el manejo de esas cuentas. Todo esto había abierto la esperanza de los ahorristas de poder recuperar su dinero.
Sin embargo, la justicia de Andorra decidió avanzar en un acuerdo con los imputados que se firmó con el respaldo de la Fiscalía.
Ninguno de los tres imputados podrán volver a Andorra por siete años y seis meses, de lo contrario irán a la cárcel. A su vez, Oscar Rígano debe pagar una multa de 11.250.000 euros; Rubén Seret una de 10.500.000 euros y Alfredo Blasco García otra de 10.500.000 de euros. Adicionalmente deben pagar 7.779.153.14 de euros, producto del delito que llevaron adelante en todos estos años.
«La decisión es insólita. Se estima que ellos tienen 92 millones de dólares en Andorra que son de los ahorristas. Pueden usar esa plata para pagar la multa, les quedan casi 50 millones y quedan despojados de la responsabilidad penal», señaló una fuente vinculada al caso.
Para lograrlo, los imputados operaron en Andorra con la intermediación del mediático juez Baltasar Garzón. El ex juez, quien fue expulsado de la judicatura española, fue contactado por Jonestur a través de la abogada Ana Durañona y Vedia (hija de la ex jueza de Casación Penal María Capoluppo y de Francisco Durañona y Vedia, ex interventor de la Provincia de Corrientes durante el menemismo). A su vez, fue titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación y trabajó en Procelac y UIF, entidades que deben investigar el lavado de dinero en Argentina.
La espera en la justicia nacional
Sin demasiada esperanza por los avances en la justicia del Principado de Andorra, los ahorristas iniciaron acciones penales en la Justicia argentina con la idea de que los responsables de Jonestur sean juzgados por los delitos cometidos. Hay dos presentaciones judiciales impulsadas por el abogado Pedro Bové.
En las últimas horas, la investigación tuvo una novedad. La Cámara de Casación le devolvió al juez federal Santiago Inchausti la causa que investiga el presunto lavado de dinero por parte de Daniel Muñoz, ex secretario privado del matrimonio Kirchner.
¿Cómo se relaciona con el ahorro de los marplatenses? Es que para la justicia, Muñoz habría utilizado la ingeniería financiera de Jonestur para llevar adelante el lavado del dinero.
«Los ahorristas marplatenses quieren recuperar su dinero. Pero también que los responsables de todo esto paguen ante la justicia. No puede ser que queden libres de toda culpa con la misma plata que les sacaron a la gente», señalaron a Mi8 fuentes del caso.
