El propietario y representantes de los ocupantes se vieron las caras en el ámbito judicial.
Se escucharon fundamentos de las partes pero no se logró avanzar en algún tipo de acuerdo. Habrá nueva cita para el próximo lunes a mediodía.
Si el acuerdo no llega se podría abrir camino al desalojo judicial.
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En la reunión, convocada desde la justicia, estuvieron presentes tanto el propietario de las parcelas ocupadas como representantes de este grupo de casi 30 familias que ya instaló carpas, postes y hasta delimitó algunos loteos, decidido a establecerse allí para construir sus propias viviendas.
El municipio también acompaña estas negociaciones con un mensaje crítico hacia esta ocupación de tierras, que el propio intendente municipal, Guillermo Montenegro, reconoció como un delito.
A diferencia de otra toma reciente que se dio en esa misma zona en octubre pasado, en aquel caso sobre parcelas que pertenecían al municipio, el Ejecutivo poco puede hacer ya que se trata de terrenos que son propiedad de un privado.
