El jefe de la Delegación Departamental de Drogas Ilícitas y otros cinco policías están involucrados en una causa judicial que investiga el robo de dinero durante un operativo en el que se desmanteló una banda integrada por mujeres trans que vendían cocaína en inmediaciones de la Plaza Rocha. Por esa investigación, Claudio Pontoriero fue detenido y se espera que declare en las próximas horas.
A raíz de la investigación que lleva adelante el fiscal general adjunto Marcos Pagella, hoy a la mañana fue allanada la sede de la Delegación Departamental de Drogas Ilícitas ubicada en Mitre entre Garay y Rawson. Durante el operativo le secuestraron los teléfonos oficiales y personales al jefe de la dependencia y a otros cinco policías.
El origen de la investigación fue una denuncia anónima ante la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia que daba cuenta que los policías señalados habían robado dinero durante un allanamiento ocurrido el 6 de junio en un departamento ubicado en San Luis 2300. El operativo fue denominado «Plaza Blanca».
En aquella ocasión, la Delegación de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas desbarató una banda integrada por mujeres trans que vendía cocaína en la Plaza Rocha. Un grupo fue destinado a la plaza para detener a los sospechosos en medio de una supuesta transacción de droga. Otro grupo operativo allanó un departamento ubicado en San Luis al 2300: allí se almacenaba la droga y el dinero obtenido de la venta ilegal.
Según la información que brindó el jefe de la dependencia policial tras el operativo, se había logrado detener a seis mujeres trans, y se había incautado una gran cantidad de cocaína y una suma de dinero importante. Parte de ese dinero, habría sido robado por el personal policial que actuó en el allanamiento y repartido luego con el jefe Claudio Damián Pontoriero y otros oficiales.
El fiscal cuenta con escuchas telefónicas en la que uno de los implicados le explica a otro lo que ocurrió con el dinero robado: «Pero yo ya hablé con Jony y bueno pudimos rescatar algo en definitiva nos quedó 50.000 pesos a cada
uno…».
En el audio queda claro que la luz verde para que los policías tomen parte del dinero incautado, la dio el jefe (Pontoriero). «Leo bueno ahí el JEFE dijo que estaba todo bien, fíjate que podes rescatar…» Según surge del audio, el encargado de tomar el dinero comenta que no pudo robar mucha plata porque los fajos ya habían sido mostrado a los testigos entonces no podía modificar mucho las cantidades. De la investigación se desprende que habrían tomado 300 mil pesos de un total que superaba el millón y medo.
Horas Cores
Pontoriero y otros oficiales también son investigados por la apropiación indebida de dinero proveniente de las horas Cores (Compensación por Recargo de Servicio).
En la denuncia se establece que desde la llegada de los tres oficiales a la delegación de Drogas Ilícitas, ocurrida el 11 de mayo de este año, se produjo la indebida apropiación de horas CORES.
El mecanismo consistía en exigirle al personal la «donación» del 60% del dinero que percibían bajo ese concepto, bajo amenaza de sanciones y traslados. En la investigación se señala a un subcomisario como el recaudador de ese dinero. El oficial le habría indicado a los jefes de cada grupo que recaudaran el dinero de los policías y que luego se lo entregaran a él en mano, sin transferencias bancarias.
Uno de los policías que se negó a entregar parte de su sueldo, fue trasladado A otra dependencia. En ese sentido, en la denuncia se especifica que el mismo Pontoriero habría amenazado a sus subalternos diciéndoles: «Al que no le guste lo traslado, o peor aún, no trabaja más para policía».
En la hipótesis de investigación, se estableció que un efectivo policial tiene asignadas como máximo, 80 horas Cores y debería percibir mensualmente $96.000 o $144.000, según el caso. Si de esos valores el subalterno debe “devolver”, cerca del 60%, sus superiores estarían “recaudando” por cada efectivo la suma de $57.600 o $86.400.
Los investigadores aseguran que «si esos números se multiplican por los miles de efectivos alcanzados por este sistema, no sólo en esta ciudad sino en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de cifras realmente millonarias las que se ven implicadas en esta “caja negra” de recaudación ilegal».
