viernes 19 de julio de 2024
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El Gobierno propone un nuevo Régimen Penal Juvenil: quiere bajar la edad de punibilidad a los 13 años

El Ejecutivo presentó un proyecto de “Régimen Penal Juvenil”, que fue enviado al Congreso. El anuncio estuvo a cargo de los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona.

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El Gobierno de Javier Milei elevó al Congreso nacional un proyecto de “Régimen Penal Juvenil”, en el que propone bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 13 años.

El anuncio estuvo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que en conferencia de prensa brindaron detalles de la iniciativa.

Según indicaron, “el Régimen establece una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo a los delitos”. En ese sentido, los chicos entre 13 y 18 años que delincan podrán ser privados de su libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”. Los padres de los mismos deben ser comunicados sobre la imputación y los actos procesales.

Además, el proyecto prevé que “el juez y el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas”.

Por otro lado, ante una condena condicional, se tendrán que aplicar medidas complementarias como “asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.

Asimismo, se indica que las penas serían de 3 a 6 años de prisión “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas”.

En tanto, la pena también podría reemplazarse por prohibición de aproximarse a víctimas, de conducir vehículos, de concurrir a determinados sitios, prohibición de salir de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad o monitoreo electrónico.

En caso de aprobarse la iniciativa, el cumplimiento de la condena deberá ser verificado por jueces o fiscales y “también por la víctima, si es su deseo”. Los imputados podrán recibir una pena máxima de 20 años.

En los casos en los que el delito tenga una pena prevista inferior a 6 años, podrá darse un proceso de mediación penal con la víctima o sus representantes; mientras que para las penas que no excedan de tres años se podrá acceder a la probation.

Según el texto que trascendió, y “en los casos de menores no imputables -menos de 13 años-, el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas”.

“En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”, se señala, según apunta la agencia DIB.

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