La investigación judicial por el robo de cerca de 300 mil pesos durante un allanamiento y la apropiación indebida de dinero proveniente de horas Cores avanza sin pausa: tras la detención del jefe de la Delegación de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas, el análisis de los celulares secuestrados será fundamental para definir la situación de los otros cinco policías involucrados.
Fuentes judiciales informaron que los cinco policías involucrados en la investigación, entre ellos un subcomisario y una mujer, aún no fueron imputados formalmente de ningún delito. El viernes pasado, durante el allanamiento en la Delegación de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas, ubicada en Mitre al 2700, una comisión de Asuntos Internos liderada por el fiscal Marcos Pagella, le secuestró los celulares de uso oficial y personal a los policías y al jefe de la Unidad, Claudio Pontoriero.
Entre otras medidas de prueba, los investigadores esperan el resultado del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados, para definir la situación de los oficiales.
El fiscal general adjunto Marcos Pagella investiga la supuesta asociación ilícita integrada por efectivos de la Delegación de Drogas Ilícitas que habrían robado una importante cantidad de dinero que había sido secuestrado durante un allanamiento y la apropiación indebida de dinero proveniente de las horas Cores (Compensación por Recargo de Servicio) que cobraban los oficiales subalternos.
El mecanismo consistía en exigirle al personal la «donación» del 60% del dinero que percibían por ese concepto, bajo amenaza de sanciones y traslados. En la investigación se señala a un subcomisario como el recaudador de ese dinero. El oficial le habría indicado a los jefes de cada grupo que recaudaran el dinero de los policías y que luego se lo entregaran a él en mano, sin transferencias bancarias.
Según la denuncia anónima que realizaron en Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia, uno de los policías que se negó a entregar parte de su sueldo, fue trasladado a otra dependencia. En ese sentido, en la denuncia se especifica que el mismo Pontoriero habría amenazado a sus subalternos diciéndoles: «Al que no le guste lo traslado, o peor aún, no trabaja más para policía».
En la hipótesis de investigación, se estableció que un efectivo policial tiene asignadas como máximo, 80 horas Cores y debería percibir mensualmente $96.000 o $144.000, según el caso. Si de esos valores el subalterno debe “devolver”, cerca del 60%, sus superiores estarían “recaudando” por cada efectivo la suma de $57.600 o $86.400.
El comisario Pontoriero fue detenido el viernes tras el allanamiento y quedó alojado en la comisaría de Balcarce. Pagella lo imputó por los delitos de asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública, exacciones ilegales y coacción por el tema de la asignación de horas Cores al personal. El sábado se negó a declarar.
